Comenzó la discusión del proyecto de ley que busca crear centros de internación de extranjeros, de carácter no penitenciario, para que migrantes con orden de expulsión pendiente permanezcan en el lugar por no más de 60 días corridos. Pese a que fue impulsado por un sector del oficialismo, el Ejecutivo ya se desmarcó de la iniciativa, y la oposición manifestó sus críticas por las dudas que deja sobre el financiamiento.
La iniciativa, que comenzó a ser debatida este miércoles en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue impulsada por un grupo de diputados de la bancada PPD, liderados por Camila Musante, junto con sus pares Rubén Oyarzo (Independiente) y Joanna Pérez (Demócratas).
La discusión ya inició con trabas, especialmente relacionado con el financiamiento estos centros de internación, según advirtió el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida.
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El parlamentario gremialista fue secundado por su par republicano, José Carlos Meza, quien, pese a valorar que exista preocupación por el problema migratorio en Chile por parte de la izquierda, aseguró que el problema de fondo no son los expulsados, sino el ingreso de forma ilegal por la frontera.
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Estas críticas fueron abordadas por la diputada PPD Camila Musante, promotora del proyecto.
La legisladora explicó que esta moción parlamentaria no involucra gasto público, ya que no espera la construcción de nuevas infraestructuras, sino que se habiliten espacios para estos centros de internación.
De paso, Musante agregó que la administración de estos lugares debiese estar a cargo de la Policía de Investigaciones.
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Gobierno se desmarca de centros de internación de extranjeros
Pese a que este proyecto es impulsado por un sector del oficialismo, el Ejecutivo ya se desmarcó del mismo.
Esta mañana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que, sobre la base de experiencias comparada, existe una amplia evidencia de sus limitaciones.
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A esto suma la postura del Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Luis Eduardo Thayer.
Consultado por Radio Bío Bío, el personero sostuvo que pese a que están abiertos a discutir distintas alternativas, advirtió que “esta propuesta en particular tiene varias complejidades logísticas y de seguridad que habría que analizar bien”.
“Es una medida que se podría aplicar a largo plazo”, pero “lo que necesitamos son soluciones viables en el corto plazo”, sentenció Thayer.