Se mantienen las críticas y los emplazamientos de parte de la oposición al Gobierno para que se asuman las presuntas responsabilidades políticas del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En el oficialismo, en tanto, subrayaron que es una obligación de los funcionarios públicos denunciar todo delito que tomen conocimiento.

Continúan los “coletazos” del denominado Caso Monsalve al interior del Palacio de La Moneda, especialmente luego de los últimos antecedentes que se han conocido del testimonio de la denunciante del exsubsecretario del Interior.

Recordemos que ella habría solicitado el consejo y el apoyo de distintos funcionarios de Interior, entre ellos, el sociólogo y funcionario de la División de Gobierno Interior, Camilo Araneda, quien además es parte del círculo cercano al Presidente de la República, Gabriel Boric.

Los nuevos antecedentes que han salido a la luz poco y nada han aportado a la calma al interior del Palacio de Gobierno, ya que en la oposición han insistido en la necesidad de que se asuman las responsabilidades políticas del caso.

El diputado de la UDI, Henry Leal, fue enfático en señalar que los principales responsables políticos de esta situación, son el Presidente Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Su par de Renovación Nacional, José Miguel Castro, insistió en que las explicaciones deben venir de parte del mandatario y de Tohá, agregando que Araneda debiese ser desvinculado de sus funciones.

De parte del oficialismo, el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, indicó que es de sentido común que un funcionario público -como es el caso de Camilo Araneda- tome medidas ante una acusación de esta gravedad.

Este martes se retomará la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior y actualmente imputado, Manuel Monsalve, instancia en que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, podrá definir, o no, algún tipo de medida cautelar en contra de la exautoridad de Gobierno.