Desde la oposición, la diputada Paula Labra ofició a la Contraloría General de la República por un concurso interno de Presidencia, en el que se buscan propuestas para prevenir la violencia y el acoso.
Según consignó La Tercera, fue el 4 de noviembre cuando a los funcionarios les llegó un correo en el que se presentaba el concurso. Así, se invitaba a los equipos a proponer iniciativas para contribuir con un buen ambiente laboral.
“Haz que tu propuesta sea la ganadora y obtén hasta $3.750.000 para implementar una capacitación que colabore a nuestro entorno laboral”, se indica en intranet de Presidencia.
Si bien para el equipo ganador el monto de financiamiento está establecido, se indica que “la cantidad total de equipos ganadores dependerá del presupuesto disponible, con un total de $9.000.000 asignados al fondo”.
Cabe precisar que no todos los funcionarios pueden participar. Por ejemplo, deben abstenerse quienes tengan deuda de pensión de alimentos, haber sido sancionado con medidas disciplinarias en los últimos tres años, o estar sometido al momento de la postulación a sumario administrativo o investigación sumaria”.
Oficio a la Contraloría
Teniendo en cuenta lo anterior, la diputada Paula Labra sostuvo que si bien no existen mayores antecedentes al respecto, “la situación merece, al menos, ser revisada por este ente contralor”.
Lo anterior, sostuvo, pues existen mecanismos especialmente regulados por ley para la contratación de servicios al interior de la administración del Estado, por lo que corresponde contratar capacitaciones de acuerdo a la ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, a través de convenio marco, licitaciones o trato directo dependiendo de los montos involucrados y los demás requisitos legales, y no mediante concursos internos donde se dificulta la fiscalización de los recursos involucrados y su correcta asignación.
Igualmente, la parlamentaria acusó que se atenta contra la probidad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos, “ya que se les están atribuyendo competencias a funcionarios públicos que no les corresponden, en áreas donde no se ha comprobado que posean los conocimientos necesarios para las cuales no han sido contratados”.
En ese sentido, Labra indicó que al promover ese tipo de actividades, “hay una doble asignación de recursos para un mismo objetivo y, además, se desvía a los funcionarios de las labores para las cuales han sido contratados por el Estado y por las que perciben una remuneración”.
Esto, denunció, atentaría directamente contra la correcta utilización de los recursos y generando incompatibilidad entre la asignación de recursos a través de este llamado concurso interno y las funciones desempeñadas en la institución.
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