El Gobierno calificó como una “alta prioridad” la extradición a nuestro país de la exagente de la DINA, Adriana Rivas, quien se encuentra en Australia en plena batalla judicial para evitar ser enviada a nuestro país para enfrentar a la Justicia acusada de violaciones de los Derechos Humanos.
Cabe destacar que el fiscal general australiano, Mark Dreyfus, aceptó hace unas semanas, en una fecha no precisada, extraditar a la exagente del régimen de Augusto Pinochet, tras sopesar la decisión desde hace más de dos años.
Se suponía que este era el último paso después de que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartara en mayo de 2022 abordar una apelación de Rivas, dejando así en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.
Pero, a finales de septiembre, la defensa de Rivas, de 70 años, presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue a nuestro país, según informó en su oportunidad el diario Sydney Morning Herald.
La exagente de la DINA fue sometida a proceso en Chile por los casos “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”, como coautora de los delitos de secuestro calificado contra las víctimas Reinalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz.
Al respecto, la Cancillería a través de un comunicado señaló que el retorno de Adriana Rivas es una “alta prioridad”, valorando la decisión de Australia de autorizar su extradición.
“Nuestro país le asigna una alta prioridad a la extradición de la Sra. Rivas, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló.
“En ese sentido, valoramos la decisión del Gobierno de Australia, el pasado mes de agosto, de conceder la extradición de la Sra. Rivas a objeto que retorne a Chile y enfrente los cargos por los que ha sido imputada”, resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, agrega que “el Gobierno de Chile toma nota de la decisión de la defensa de la Sra. Rivas de impugnar la concesión de la extradición ante la Corte Federal de Australia, cuya primera audiencia de revisión se efectuará el próximo 14 de noviembre y a la que asistirá el embajador de Chile en Australia”.
“A este respecto, reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena”, insistió.
“Finalmente, el Gobierno de Chile espera que este caso, el cual se ha extendido ya por muchos años, sea resuelto a la brevedad posible a los efectos de dar una debida y oportuna respuesta a los familiares de las víctimas en su demanda por justicia”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Rivas está recluida en una prisión de Sidney desde su detención en febrero de 2019 y es requerida por Chile, desde 2018, para juzgarla por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.
Se presume que la chilena, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía secreta del dictador Augusto Pinochet, donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras.
Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió después en una vivienda subvencionada en el barrio de Bondi, en el este de Sidney, y se dedicó durante 30 años a labores de limpieza y cuidado de niños.
En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia, desde donde podría retornar para ser juzgada por crímenes vinculados a la violación de Derechos Humanos.
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