En el marco de la tramitación de la Ley de Migración y Extranjería, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ofició al subsecretario del Interior, Luis Cordero, con el propósito de encargar un estudio para determinar el costo que implicaría construir una barrera física en los distintos puntos fronterizos del país y particularmente la zona norte.

Al respecto, el diputado independiente del comité de Demócratas y presidente de la misma delegación, Rubén Oyarzo, destacó la necesidad de instalar un muro o valla fronteriza de al menos 200 kilómetros.

Además, emplazó a Cordero, a que, en caso de no estar dispuesto a considerar esta medida, ofrezca una justificación técnica que explique por qué no se considera viable.

En esa misma línea, su par de comisión, el parlamentario republicano, José Maza, dijo que “hay una invasión de migrantes ilegales” y que se debe “invertir en una zanja en la frontera”.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, subrayó la necesidad de regularizar a los migrantes que ya residen en Chile. Mientras que, la diputada demócrata, Joanna Pérez, tildó de “doble estándar” a la coalición oficialista.

Servicio Jesuita apela a protección de derechos de la niñez

Por su parte, la directora jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, señaló que es complejo aplicar una “migración ordenada, segura y regular” cuando políticos interfieren en la regularización de los mismos, por ejemplo, al ampliar las expulsiones de personas en situación irregular.

En esa misma línea, señaló que la legislación no avanza hacia la creación de mecanismos que favorezcan la regularización de las personas migrantes, sino que, por el contrario, incrementa las causales por las cuales podrían ser expulsadas. Además, destacó que las faltas no solo se encuentran en el Código Penal, sino también en una variedad de normas relacionadas con la policía local y otros ámbitos, lo que incrementa el riesgo de que un mayor número de personas caiga en situación de irregularidad migratoria.

Por otra parte, uno de los puntos más preocupantes para Hilliger tiene que ver con la posible anulación de la visa de niños, niñas y adolescentes, quienes actualmente gozan de una protección especial en virtud de su condición de menores de edad. Esta medida se vería afectada en situaciones de expulsión de los padres, madres o cuidadores, lo que pondría en riesgo los derechos de los menores, quienes podrían ser despojados de su estatus migratorio regular.