El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, presentaron una querella criminal en la Corte de Apelaciones en contra de autoridades de Gobierno, en relación con el denominado caso Monsalve.
En concreto, la querella acusa de obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el director de la PDI, Eduardo Cerna, y el ex jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente.
Al presentar la acción legal, el diputado puntualizó: “Espero que se haga justicia y que se conozca toda la verdad. Sería relevante que el personal de la PDI que acudió al Hotel Panamericano informe sobre quiénes fueron los funcionarios presentes”.
“Lo que buscamos es que esta causa avance rápidamente. No solo se trata de posibles delitos funcionales o corrupción, sino de una grave infracción a la Ley de Inteligencia. Creemos que el director de la PDI y el exsubsecretario del Interior incurrieron en irregularidades al ordenar la eliminación de imágenes del hotel en las que aparecen dos funcionarios“, destacó Celis.
Cantellano, por su parte, complementó que “estos antecedentes son fundamentales, porque por primera vez en Chile podrían estarse cometiendo delitos nunca antes vistos por autoridades encargadas de la seguridad y el orden público”.
La querella en detalle
La querella sostiene que el exsubsecretario Monsalve habría cometido una violación en el Hotel Panamericano de Santiago, el 22 de septiembre de 2024.
Según el diputado Celis, las autoridades implicadas habrían conocido los hechos desde el 15 de octubre y optado por ocultarlos, incumpliendo su deber de denunciar y obstaculizando la investigación.
Además, Monsalve habría ordenado retirar las cámaras del hotel, argumentando que era objeto de espionaje, lo cual, según la querella, constituye un uso indebido de los procedimientos de inteligencia.
La denuncia también señala que la Ministra del Interior, Carolina Tohá, fue informada de los hechos el 15 de octubre y, en lugar de notificar a la Fiscalía, habría advertido a Monsalve para que acudiera al hotel antes de que el equipo fiscal realizara las primeras diligencias.
Asimismo, se acusa que el Presidente Gabriel Boric fue informado en la misma fecha y envió a Monsalve a Concepción, utilizando vehículos fiscales, para “resolver la situación familiarmente”.
“Hemos solicitado que el Presidente de la República sea llamado a declarar como testigo, ya que tuvo conocimiento temprano de esta situación. Es necesario esclarecer estos hechos para el respeto y buen ejercicio de los derechos de terceros”, expresó Cantellano.
Sanciones potenciales
La querella detalla que las sanciones para los implicados, de confirmarse los delitos, incluyen penas de cárcel de 541 días a tres años y multas de hasta doce unidades tributarias mensuales.
Para aquellos que abusaron de su rol en el Sistema de Inteligencia, las penas podrían alcanzar los 20 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargos públicos.
“Esta es una querella, no una denuncia. Imputamos delitos graves a estas autoridades, y esto no es un juego. Espero que las instituciones actúen lo más rápido posible, porque no puede ser que una mujer haya sido violada y, hasta el día de hoy, el presunto agresor siga libre como si nada hubiera pasado”, concluyó el diputado Celis.
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