La Comisión de Presupuesto 2025 aprobó la indicación que impide el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes que hayan sido sancionados por Aula Segura.

La iniciativa fue impulsada por parlamentarios de oposición en respuesta a los hechos de violencia que han ocurrido al interior de establecimientos educacionales, siendo el último de ellos, el sucedido el pasado 24 de octubre en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Uno de los impulsores de la indicación fue diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien comentó que no se puede “premiar” con gratuidad universitaria a quienes demuestran “un desprecio absoluto” por la vida de sus compañeros y por la seguridad en el espacio educativo.

Por su parte, el diputado socialista, Juan Santana, sostuvo que este tipo de iniciativas suenan muy rimbombantes, pero no tienen “efecto práctico” en la realidad que se vive al interior de los establecimientos educacionales.

Para Trinidad Valdés, experta y académica de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, es difícil de aplicar porque existe una “dicotomía entre las comunidades escolares”, en donde se interpone el derecho sobre la seguridad física y psicológica de los estudiantes y el derecho sobre a quien se debe proteger.

Vale destacar que la indicación que fue aprobada establece que aquellos estudiantes que hayan cometido actos de violencia gravísimos durante los dos últimos años de enseñanza media, quedarán excluidos del beneficio de gratuidad universitaria.

Mientras que entre los actos gravísimos se definieron las agresiones sexuales, lesiones, o la tenencia y manipulación de armas y artefactos incendiarios.