Por la unanimidad de 131 votos, la Sala de la Cámara respaldó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre agresiones sexuales en el deporte.
El grupo fiscalizó las infracciones al protocolo del Decreto Supremo 22, del Ministerio del Deporte, establecido en la Ley 20.686, que fija el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.
El grupo parlamentario también abordó diversos casos donde resultaron ser víctimas personas ajenas al deporte, pero cuyos agresores sí son deportistas.
El informe, fruto de la investigación iniciada tras conocerse el denominado Caso Cobreloa, plantea la necesidad de potenciar y hacer efectivos los protocolos de prevención. Propone una serie de cambios legales, entre ellos, la obligatoriedad para que, por ejemplo, autoridades públicas o privadas concurran a las comisiones investigadoras.
Asimismo, da cuenta de los errores que cometieron diversas instituciones como el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), al no considerar la denuncia de una víctima.
Del mismo modo, acuerda remitir los antecedentes y conclusiones a diversos organismos e instituciones, entre ellas, el Presidente de la República, la Conmebol, FIFA y el Ministerio Público, entre otros.
La diputada y presidenta de la instancia, Marisela Santibáñez (IND) informó el texto en la Sala.
Agresiones sexuales en el deporte
El texto concluye que, a cuatro años de la puesta en marcha del protocolo, existe una grave falta de capacitación y capacidad de acción de los responsables institucionales frente a este tipo de denuncias. Se constatan, así, deficiencias en la prevención, fiscalización y especialización de los responsables institucionales.
A ello se suman errores, al no respetar el principio de no revictimización, por no abordar de manera correcta la situación vulneratoria, así como la existencia de conflictos de interés respecto de la figura del responsable de cada club y pactos de silencio institucionales.
El texto consigna, también, el preocupante desconocimiento y deficiencia en las sanciones establecidas. Junto a esto, la insuficiencia de los protocolos internos, ante casos que involucran a terceros no vinculados a organizaciones deportivas.
Adicionalmente, el informe concluye, entre otros aspectos, la existencia de un incumplimiento grave en las obligaciones legales del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, instituciones que, en el denominado Caso Cobreloa, no actuaron con la celeridad requerida.
Organizaciones deportivas, sanciones y capacitaciones
En virtud de lo anterior, se propone mejorar la recopilación y el registro de la información sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) que asisten a las organizaciones deportivas. La idea es optimizar el proceso de envío de información y difusión del decreto 22 entre los menores que participan en las organizaciones deportivas y sus familias.
Respecto de las medidas de reparación y garantías de no repetición, se debe evaluar la sanción por la falta o falencias de los protocolos, incorporando criterios restaurativos para reparar los daños causados.
Asimismo, se llama a revisar el rol y reforzar la capacitación de quienes actúen como responsables institucionales, chequear los antecedentes de federaciones, organizaciones y personas a quienes el Estado transfiere recursos, proponer el establecimiento de plazos breves y eficaces para la tramitación de denuncias y fijar garantías de confidencialidad y no revictimización.
Finalmente, entre otros aspectos, se solicita al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley que crea un tribunal nacional de arbitraje deportivo. Esta legislación permitiría establecer un sistema disciplinario mucho más moderno, institucional y que implique mejorar o perfeccionar la institucionalidad actual.
Se suma a ello, la proposición de reformar la ley orgánica constitucional del Congreso, para que las personas citadas a las comisiones investigadoras estén obligadas a comparecer y prestar su declaración bajo distintos apremios o sanciones, ya que la presencia de personas particulares hoy es voluntaria.