Fundación Iguales dio a conocer su “decepción e inquietud” respecto al trabajo desempeñado por la Comisión Especial Investigadora CEI57, dedicada a evaluar los programas de acompañamiento a la identidad de género.
Y es que el día en que se sesionó por última vez, la fundación acusa que fueron marginados de exponer en la instancia aun cuando está en juego la libertad de que jóvenes y sus familias sean “quienes decidan el mejor curso de acción para sus vidas, guiados por médicos y terapeutas”.
Según indicó María José Cumplido, directora ejecutiva de la organización, la comisión ha dado muestra de “una preocupante falta de rigor y profesionalización” en la forma en que aborda estos temas.
Y es que, a su juicio, en lugar de promover un espacio de discusión técnica, basado en evidencia científica y en la experiencia de expertos, ven cómo “algunos diputados eluden su deber de informarse adecuadamente y prefieren recurrir a visiones ideológicas, dejando de lado las necesidades y los derechos de cientos de personas en situación de vulnerabilidad”.
“La amenaza es que las familias queden sin apoyo especializado para ser parte del proceso de sus hijos, que los jóvenes pierdan acceso a la orientación y tratamientos que requieren, y que médicos y terapeutas no puedan ejercer su práctica siguiendo los estándares internacionales”, señaló Cumplido.
Última sesión de la Comisión Especial Investigadora CEI57
La directora ejecutiva de la fundación agregó que en la última sesión de la Comisión Especial Investigadora CEI57 esperaban exponer ante las autoridades, pero no se lo permitieron, lo que revela no solo una falta de apertura, sino un “sesgo que insiste”.
“Esperábamos que pudiese exponer nuestra directora, Alessia Injoque, quien es activista trans y experta en la materia, pero finalmente no se lo permitieron. Tampoco expuso ninguna organización que centre su trabajo en la población trans”, afirmó María José Cumplido.
Eso sí, la representante aseguró que no solo se excluyó a organizaciones de la sociedad civil especializadas, sino también a personas que han participado del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y a quienes que han realizado una transición con apoyo psicosocial experto.
“La comisión ha optado por cerrar las puertas a un diálogo cívico y democrático. Sin la presencia de voces informadas y especializadas, el debate se reduce a un ejercicio retórico, alejado de la realidad de quienes sufren los efectos de la discriminación”, añadió.
Concluyendo con que “apelamos a la responsabilidad cívica y profesional de la comisión y de sus miembros para que reconsideren su enfoque y busquen abrir espacios donde el conocimiento técnico y la perspectiva de derechos humanos sean el fundamento de las decisiones que afectarán a la sociedad”.
Enviando corrección, espere un momento...
