La Sala del Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley que regula la realización de funerales de riesgo, reduciendo a un plazo máximo de 24 horas todo el proceso funerario cuando se identifique un nivel alto de peligrosidad. Así las cosas, esta normativa pasó a un tercer trámite constitucional, tras la revisión y ajustes de la Comisión de Seguridad Pública.
El proyecto forma parte de la agenda prioritaria en seguridad y busca establecer medidas específicas para aquellos funerales en los que se presume un riesgo para la seguridad pública. “Es una medida necesaria ante situaciones que alteran el orden y afectan a la ciudadanía”, explicó el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Este protocolo requiere que las policías, junto a Gendarmería, evalúen las características del fallecido y emitan un informe sobre el riesgo asociado al funeral. Dicho informe se entrega al delegado presidencial, quien toma la decisión final sobre el control del evento. “La evaluación queda en manos de las policías y Gendarmería para garantizar que la medida se aplique adecuadamente”, detalló Flores.
Además, el proyecto establece sanciones para quienes infrinjan las normas durante estos funerales, como el uso de armas, fuegos artificiales, consumo de alcohol y drogas, entre otros comportamientos que puedan generar disturbios.
Debate por proyecto de funerales de alto riesgo
Durante el debate en Sala, participaron diversos senadores, incluyendo Matías Walker, Iván Moreira, Carmen Gloria Aravena y Jaime Quintana, quienes en su mayoría respaldaron la medida como una estrategia para mejorar la seguridad pública y enfrentar situaciones de riesgo en funerales vinculados al crimen organizado.
La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, también intervino, aclarando que esta normativa no significa una derrota frente al delito. “Esta medida responde a un problema específico y busca evitar que las fuerzas policiales se distraigan de otras labores”, aseguró Tohá.
Senadores como Alejandro Kusanovic y Francisco Huenchumilla recordaron que en los últimos años se han registrado más de mil 800 funerales de riesgo, los cuales provocaron múltiples complicaciones en la comunidad, desde el cierre de colegios hasta el despliegue masivo de efectivos policiales.
Por su parte, otros legisladores expresaron reservas, señalando que la normativa, aunque útil, aborda solo los efectos de un problema mayor. Según algunos senadores, el proyecto “no ataca las causas de fondo”, sino que es una respuesta a las manifestaciones de la narco cultura en Chile.
Pese a las diferencias, la mayoría de los legisladores coincidió en que la iniciativa representa un esfuerzo concreto para enfrentar los conflictos asociados a los funerales de riesgo. “Es parte de una estrategia integral para responder a los desafíos de seguridad”, comentó el senador José Miguel Durana.
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