A siete años de la promulgación de la Ley 21.030 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los desafíos para su implementación en Chile continúan.
Y es que un informe de Observadoras de la Ley de Aborto (OLA) reveló que 3.159 personas solicitaron información y acompañamiento de la organización. Sin embargo, un 76% decidió no presentarse en los hospitales para solicitar el servicio, evidenciando profundas brechas en el acceso a este derecho.
El documento revela que de las 220 personas que acudieron a un hospital, un 32% no logró acceder al procedimiento debido a obstáculos como la objeción de conciencia, la falta de información adecuada y la demora en la atención.
El informe también pone en evidencia el panorama que enfrentan las sobrevivientes de violencia sexual, donde el 73% invocó la causal de violación, representando 110 casos.
“El 92% de ellas decidió no denunciar a su agresor, lo que refleja la persistencia del miedo y la revictimización, factores que continúan siendo barreras importantes para el acceso a la justicia y la salud reproductiva”, indica el informe.
Frente a este contexto, OLA presentó una serie de propuestas para mejorar la implementación de la Ley IVE.
Una de ellas es que las autoridades agilicen la aprobación del nuevo reglamento de objeción de conciencia, ya que esto eliminaría la “traba” para el acceso al aborto en los hospitales públicos.
“Se destaca la importancia de implementar políticas inclusivas que respondan a la creciente diversidad cultural y migratoria en Chile. Entre estas medidas, la distribución de información sobre la ley en varios idiomas y el fortalecimiento de las redes de apoyo para las mujeres migrantes, quienes enfrentan vulnerabilidades adicionales debido a su situación irregular oa la falta de acceso a la salud”, agregan.
Desafíos en la ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo
El observatorio asegura que desde la promulgación de la Ley 21.030 se han logrado importantes avances, como “el establecimiento de equipos de salud pro-derechos y visibilidad de las organizaciones feministas en la promoción del derecho al aborto”.
Sin embargo, aún quedan pendientes, como “la erradicación de la desinformación en hospitales y la reducción de los tiempos de espera, que en algunos casos han superado los siete días, poniendo en riesgo la salud de las solicitantes”.
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