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Diputadas solicitan informe detallado al Ministerio de Desarrollo Social por homicidios en personas en situación de calle. Según informe de la fundación Moviliza, 169 de las 443 personas fallecidas en esta situación desde 2020 fueron por homicidio. Parlamentarias, como Carla Morales, exigen medidas urgentes, considerando un problema humanitario y de seguridad pública. Piden acciones preventivas, protección de la población y asignación de recursos para mejorar albergues. También requieren detalles sobre el uso de fondos destinados a refugios y recopilación de datos para políticas públicas efectivas.

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Diputadas de oposición solicitaron a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y a la subsecretaria, Francisca Gallegos, un informe detallado sobre las acciones implementadas para frenar los homicidios de los que han sido víctimas personas en situación de calle.

La petición se sustenta en que un reciente informe de la fundación Moviliza indicó que 169 de las 443 personas fallecidas en situación de calle, desde el año 2020, fueron por este delito.

Al respecto, la parlamentaria e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, comentó que “es inaceptable que, en pleno siglo XXI, personas que ya enfrentan condiciones de vida extremadamente precarias, ahora deban enfrentar el riesgo de ser asesinadas. El Estado debe reaccionar con medidas urgentes”.

Por su parte, Catalina del Real enfatizó que “no solo hablamos de un problema humanitario, estamos ante una crisis de seguridad pública. Las cifras son un claro reflejo de que las políticas actuales son insuficientes y el Estado tiene la obligación de actuar antes de que esta tragedia escale aún más”.

Las legisladoras también pidieron en el oficio información detallada sobre las acciones que el Ministerio ha tomado para prevenir estos homicidios y proteger a esta población.

Y es que ambas diputadas insisten en la necesidad de un enfoque integral que contemple la asignación de recursos adicionales para mejorar los albergues y mecanismos de seguimiento.

Por último, entre los puntos solicitados, también piden detalles sobre el uso de los fondos destinados a reforzar los refugios y la recopilación de datos para la creación de políticas públicas efectivas.