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La diputada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, envió un oficio al Seremi y Subsecretaría del Ministerio de Salud para solicitar un informe detallado sobre las fiscalizaciones realizadas en recintos de comida rápida, en medio de la alerta por brote de la bacteria Escherichia Coli en Estados Unidos vinculado al cuarto de libra de McDonalds. La legisladora busca conocer la cantidad de tiendas de alimentos ultra procesados, requisitos para obtener patente, promoción de cultura alimentaria en establecimientos educacionales, y la necesidad de fiscalizaciones periódicas para prevenir enfermedades asociadas a estos productos.

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Con el fin de conocer la cantidad de fiscalizaciones efectuadas en recintos de venta de comida rápida o “chatarra”, la diputada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, envió un oficio al Seremi y Subsecretaría del Ministerio de Salud.

En el documento, se solicita entregar un informe detallado desde el año 2022, además de conocer cuántas tiendas de expendio de alimentos en centros comerciales han sido parte de sumarios sanitarios y qué tipo de restricción se adopta.

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La legisladora busca conocer la acción de autoridades en esta materia, tras la alerta que levantaron en algunas zonas de Estados Unidos por el brote de la bacteria Escherichia Coli, vinculado a la popular hamburguesa cuarto de libra de McDonald’s.

El oficio en detalle

En ese sentido, Cordero pidió conocer de forma detallada cuántas tiendas de alimentos ultraprocesados existen actualmente y cuáles son los requisitos para acceder al otorgamiento de patente que autorice su funcionamiento. Además, conocer cuál es la modalidad que adopta para promocionar la cultura alimentaria en establecimientos educacionales y espacios de alto flujo de personas.

Así, la diputada sostuvo que “este tipo de productos para la ingesta de los seres humanos provoca un desarrollo prematuro de padecer enfermedades coronarias, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, accidentes vasculares, cirrosis hepática, hígado graso, entre otras”.

Por esta razón, es que Cordero concluyó que “resulta imprescindible efectuar de manera periódica y aleatoria fiscalizaciones dentro de los horarios habilitados para la venta al consumo en esos lugares, como también a los productos que son envasados y distribuidos a los domicilios por aplicaciones creadas a ese propósito”.