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La defensa de Luis Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo, se querelló por violación de secreto en el caso Audio, similar al exfiscal Manuel Guerra. La querella apunta a filtraciones de chats que vulneran secreto profesional y la vida privada, acusando que Ciper y el Ministerio Público no protegieron la información. Se solicita identificar a funcionarios de Carabineros y Ministerio Público, así como a medios que publicaron las conversaciones, y se pide a fiscales relevantes poner sus celulares a disposición para investigar posibles filtraciones a la prensa.

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Al igual que el exfiscal Manuel Guerra, la defensa de Luis Hermosilla -encabezada por su hermano Juan Pablo- se querelló por violación de secreto en el denominado caso Audio.

La acción judicial responde a las distintas filtraciones de los chats. Según consignó El Mostrador, en la querella se acusa que se vulneró el secreto profesional, la vida privada e íntima.

“Esta filtración quebranta el secreto profesional. Ciper no debió haber accedido a dicha información que debía resguardar el Ministerio Público”, indica el documento presentado por Hermosilla.

Agregando que “no solo se accedió a información reservada por ser parte de la investigación, sino que el Ministerio Público no protegió la intimidad y privacidad del Sr. Hermosilla y de terceros que pudiesen haber tenido comunicaciones con él, y que no tenían ningún interés en la investigación”.

De esta manera, en la querella se pide identificar a los funcionarios -tanto de Carabineros como del Ministerio Público- que accedieron a la carpeta investigativa. Igualmente, contra los medios que publicaron dichas conversaciones.

En la misma línea, el abogado Juan Pablo Hermosilla pidió que los fiscales a cargo del caso pongan a disposición sus celulares para determinar si existió -o no- diálogo con periodistas para realizar filtraciones.

¿De quién se trata? Específicamente, de Lorena Parra, fiscal regional Metropolitana Oriente; Felipe Sepúlveda, fiscal jefe de Las Condes; y Miguel Ángel Orellana, fiscal de Alta Complejidad.

Finalmente, la acción judicial solicita el registro -tanto de entrada como de salida- de la Fiscalía Nacional y Oriente para identificar “qué periodistas han accedido a dichas dependencias, y con qué funcionario del Ministerio Público tenían entrevista”.