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El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de grave el caso Monsalve que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, generando cuestionamientos al Gobierno por la demora en la entrega de información y la reacción ante la denuncia por violación. Gajardo destacó que se tomaron medidas adecuadas, incluyendo la renuncia de Monsalve, y aseguró que el Ejecutivo respondió de manera contundente abriendo una investigación administrativa, brindando apoyo a la víctima y asumiendo la responsabilidad política para que Monsalve dejara su cargo. El ministro enfatizó la importancia de que las autoridades respondan por sus actos, poniendo a prueba la institucionalidad del país.

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El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el denominado caso Monsalve y la forma en que repercutió en La Moneda. Al respecto, aseguró que “para el Gobierno este es un caso grave”, por lo que dice, se tomaron una serie de acciones concretas.

Ante la denuncia por violación que afecta al ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Ejecutivo se ha visto cuestionado. Esto por la demora en entregar la información y los titubeos en la reacción ante la misma.

No obstante, el titular de Justicia, en conversación con Radio ADN, aseguró que se tomaron las medidas adecuadas, partiendo por la renuncia del propio Monsalve.

“Para el Gobierno este es un caso grave, en el cual está involucrado una de sus autoridades principales. (…) Lo importante es que hay una alta autoridad de Gobierno denunciada por un hecho gravísimo que ya no se encuentra ejerciendo su cargo”, recalcó Gajardo.

En esa línea, detalló las medidas del Gobierno en la materia, asegurando que se respondió de manera “contundente” ante la denuncia.

“El Gobierno de manera contundente presentó los antecedentes para que se realice una investigación, abrió una investigación administrativa, entregó apoyo a la víctima e hizo la responsabilidad política para que esta persona ya no esté en el cargo”, sentenció.

Finalmente, el secretario de Estado hizo hincapié en lo delicado del caso, afirmando que pese a involucrar a una de las “autoridades principales” del Gobierno, este debe ser juzgado y responder a los hechos si corresponde.

“Este caso, por lo doloroso que es y por las consecuencias que tiene, pone a prueba nuestra institucionalidad en el sentido de que cualquier persona tiene que responder por los hechos en esta República”, concluyó.