Una solicitud para constituir una Comisión Especial Investigadora ingresó en la Cámara de Diputados la bancada de Renovación Nacional luego de las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) en el municipio presidido por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
El informe de Contraloría reveló, entre otras cosas, facturas rendidas dos veces o anuladas, millonarias inversiones en pintura y la ausencia de un sistema electrónico de rendición de cuentas en la institución privada, lo que evidenciaría falencias en el control y manejo de fondos públicos.
Según el informe de la Contraloría, la Municipalidad de Santiago transfirió $8.762.928.000 a Cordesan durante 2023, cifra que no fue registrada en el sistema oficial, lo que evidencia una falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.
“Esta situación no solo vulnera la probidad administrativa, sino que plantea serias dudas sobre la correcta fiscalización del municipio”, señalaron desde la bancada RN.
“La falta de transparencia es inaceptable”
Asimismo, la bancada RN expresó su preocupación por la suscripción del convenio para 2024 por $7.350.000.000, a pesar de que las rendiciones de cuentas de los años anteriores aún están pendientes de revisión.
“Es fundamental que se investigue a fondo el uso de estos recursos. La falta de transparencia por parte del municipio y de Cordesan es inaceptable. Debemos velar por la correcta utilización del dinero de todos los chilenos.”, declararon desde el partido.
Igualmente, la bancada hace un llamado urgente a esclarecer los obstáculos para acceder a la información pública y posibles vínculos entre contratistas beneficiados y militantes del Partido Comunista, al que pertenece la alcaldesa Hassler.
“Hay una millonaria cifra de dinero cuestionada y un accionar críptico por parte del municipio que obligan a todos los órganos del Estado a indagar la situación, de manera de revelar las responsabilidades que existen detrás de los hechos denunciados, y si su naturaleza alcanza lo penal”, añadieron.
A juicio de los parlamentarios, los antecedentes deben ser conocidos por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado ya que hay hechos que parecen revestir caracteres de delito.
De materializarse la Comisión Investigadora, la instancia contará con un plazo de 60 días para reunir los antecedentes necesarios y determinar las responsabilidades correspondientes en caso de acreditarse las irregularidades.