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El senador Rojo Edwards, quien votó a favor, acusó al ministro de entregar información privilegiada a su hija para enriquecerse, desmintiendo que sea una venganza política, como sugirió el Partido Comunista. Edwards afirmó que los argumentos de la izquierda eran una cortina de humo y respaldó la validez de la acusación basándose en la conducta del ministro. Tras la aprobación, Muñoz será destituido y no podrá ocupar cargos públicos durante cinco años.

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Tras la aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, el senador Rojo Edwards, quien votó a favor del libelo acusatorio, entregó sus argumentos en torno a la AC.

Al preguntarle si es una venganza política contra el ministro Muñoz, como lo planteó el Partido Comunista, el parlamentario dijo que al PC “le gustaban los fallos del ministro Muñoz”.

“Por lo tanto, tomaron la decisión de hacer vista gorda de los sólidos antecedentes que vinculaban al ministro Muñoz con entregar información privilegiada para que su hija se enriqueciera”, precisó Edwards.

Recalcando que “eso simplemente es una cortina de humo para efectos de no tener que llegar a fondo. De hecho, la gran mayoría de los argumentos que entregó la izquierda, se dedicaron a criticar la forma, pero no fueron al fondo porque sabían que los argumentos eran muy sólidos”.

“La izquierda trató de hacerlo como una forma de una cortina de humo respecto al fondo. Creo que la declaración que nosotros vimos, la información, dan cuenta de que el ministro efectivamente le entregó información a su hija y que el ministro también sabía, por muchos meses, que su hija estaba viviendo en Italia”, señaló el legislador de oposición.

Argumentando que Muñoz “tiene un deber de comentar, como su rol general de administración, y no lo hizo por mucho tiempo, incluso diciendo que ella vivía en su casa, cuando sabía que no vivía en su casa”.

“Cuando uno ve que un juez, que conoce con anterioridad un fallo, le entrega información a su hija, con la cual ella puede hacer una movida que significa un incremento patrimonial, eso es una casa grave”, precisó Edwards.

Por lo tanto, a juicio del senador, “eso significa que es una causal válida para efectos de aprobar la acusación constitucional”.

Tras la aprobación del Senado, el juez será destituido de su cargo y no podrá desempeñarse en cargos públicos por un período de cinco años.