La diputada Joanna Pérez, del partido Demócratas, presentó un proyecto que modifica la ley N°18.216, con el objeto de evitar que los imputados sujetos a la cautelar de reclusión parcial domiciliaria, puedan utilizar libremente las redes sociales con el fin de beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal.
En concreto, se plantea la incorporación en el artículo 7 de la ley N°18.216, que establece penas sustitutivas de libertad, un inciso tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto y final, del siguiente tenor:
“Se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación. En casos calificados, el juez podrá autorizar al formalizado las comunicaciones a que se refiere este inciso siempre que no sean permanentes ni signifiquen un impedimento o riesgo en el desarrollo de la investigación, o cuando a criterio del Ministerio Público afecten el espíritu de la medida cautelar impuesta”.
Pérez explicó que “como Demócratas e Independientes, tranversales también en la Cámara, hemos querido presentar un proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal. A propósito de lo que hemos visto estos últimos días y en Bío Bío antes también, a propósito de medidas cautelares, de alternativas, personas que están siendo imputadas o condenadas incluso, en investigaciones que tienen que ver con fraude al fisco; y que se utilizan distintas plataformas, se está lucrando y se está burlando la justicia”.
“Si hemos defendido que en las cárceles y en los centros penitenciarios no pueda haber señal telefónica, internet y otros, es casi irrisorio que tengamos personas que están hoy día en sus domicilios generando distintas actividades económicas, que pudieran afectar alguna investigación”, sostuvo Pérez.
Arresto domiciliario
A juicio de la parlamentaria, esto se entiende como “quebrantamiento de la medida cautelar cuando se utiliza este tipo de plataformas y se burla un sistema”.
“Nosotros esperamos que este proyecto se pueda ver en la comisión de Constitución, que pueda tener una tramitación y que demos señales claras”, sentenció la diputada.
Añadiendo que “no podemos ver por la televisión… en distintos espacios, no solo lo que vimos en el caso Polizzi, sino también hoy día en el caso de una exalcaldesa, donde se están revisando delitos por fraude al fisco”.
Polizzi y Barriga
Recordemos que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció este domingo su arribo a la plataforma de contenido erótico Onfayer, en medio del arresto domiciliario total que cumple en el marco de la investigación por eventuales delitos de corrupción durante su gestión en el municipio.
Algo similar ocurrió con Camila Polizzi, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, pero en el marco de la indagatoria por la arista Fundación En Ti, en el bullado Caso Convenios en la región del Bío Bío.
Polizzi se unió en el verano pasado a Arsmate, una plataforma chilena en la que cobra 24 dólares mensuales por acceder a su contenido.
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