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En el norte del país, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, desmintió la recomendación de citar como imputada a la exprimera dama Irina Karamanos en el caso Convenios, específicamente en la arista de la Fundación ProCultura, tras detectarse cinco abonos sospechosos en un peritaje reservado. Cerna afirmó desconocer el origen de esa afirmación y que la PDI no ha recomendado tal medida, dejando en manos del Ministerio Público la calificación de la condición de imputado. Por otra parte, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció una investigación por la filtración de estos antecedentes, indicando que la divulgación de información de cualquier índole está penada por la ley.

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Desde el norte del país, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, descartó que la institución haya recomendado citar a declarar -como imputada- a la exprimera dama Irina Karamanos.

Lo anterior, recordemos, tras verse vinculada con una arista del caso Convenios: el de la Fundación ProCultura. Esto, luego que se conociera un peritaje reservado de la PDI detectó cinco abonos sospechosos.

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Sobre eso, Cerna respondió “no sé de dónde sale esa aseveración de que la PDI recomienda que se le entreviste en calidad de imputada”.

“Yo, después de lo que salió ayer a la prensa, he tratado de indagar respecto a una investigación que estaba secreta, pero no tengo ningún elemento, ninguna información que confirme ello”, complementó.

Agregando “no puedo hacerme cargo de aseveraciones que, al menos de lo que tengo de conocimiento en la institución, no hemos hecho ninguna recomendación, menos en los informes periciales que solamente dan cuenta de hechos concretos, no de interpretaciones o de instrucciones”.

“Además, la condición de imputado, respecto a la entrevista de una persona en particular, lo califica el Ministerio Público. Nosotros no podemos calificar la legalidad, oportunidad y justicia de las instrucciones que emite el Ministerio Público ni los juzgados respectivos”, destacó.

Fiscalía anuncia investigación tras filtración en Caso Procultura

Por este hecho, este jueves, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó que abrió una investigación de oficio por la filtración de los nuevos antecedentes.

El anuncio se dio a través de un comunicado oficial en el que argumentaron que, en conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, toda filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” debe ser sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.