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Diputados de oposición presentan proyecto de ley para obligar a universidades privadas que reciben fondos estatales a transparentar uso de dineros públicos, luego de polémica por millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. La iniciativa, liderada por Tomás Hirsch, Ana María Gazmuri, Daniela Serrano, entre otros, busca fortalecer el Consejo Para la Transparencia y exige la publicación de información financiera detallada, con sanciones que pueden llegar al 20% de los fondos públicos recibidos en caso de reincidencia. Parlamentarios critican uso abusivo de recursos y falta de fiscalización en el sistema educativo.

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Este martes, desde el oficialismo se presentó un proyecto de ley que obliga a las universidades e institutos privados, que reciban fondos provenientes del Estado, a publicar vía transparencia activa el uso y gestión de dichos dineros.

Lo anterior se da tras la polémica generada tras conocerse que la exministra de Educación, Marcela Cubillos, recibió 17 millones de pesos brutos mensuales de sueldo como académica de la Universidad San Sebastián.

La iniciativa fue presentada por el diputado Tomás Hirsch (AH), junto a Ana María Gazmuri (AH), Daniela Serrano (PC), Alejandra Placencia (PC), Emilia Schneider (FA) y Juan Santana (PS).

Proyecto busca que universidades privadas que reciban fondos estatales estén sometidas a Ley de Transparencia

La iniciativa consta de un artículo único que fortalece al Consejo Para la Transparencia (CPLT) mediante la modificación de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

De esta manera, se incluye la obligatoriedad de instituciones privadas a que reciban fondos estatales a publicar información como organigrama de la universidad, cuadro de ingresos y gastos, sueldos brutos del directorio, decanos, jefes de carrera, académicos e investigadores, entre otras disposiciones.

Además, la moción establece que el Consejo Para la Transparencia deberá sancionar en caso de que esta obligatoriedad no se cumpla. En caso de ser primera vez podrá amonestar.

Si la infracción es reiterativa, deberá aplicar multas que podrán llegar al 10% de los fondos públicos recibidos por la institución, y al 20% en caso de reincidencia, siendo todo ello a beneficio fiscal.

El diputado Tomás Hirsch (AH), autor del proyecto de ley, consideró que “no porque una universidad sea privada va a significar que sea una caja pagadora de personas que nunca en su vida han pisado un aula, hecho un paper y mucho menos con esas cantidades obscenas de dinero”.

“Es abusivo que la señora Cubillos se beneficie de familias y estudiantes que con esfuerzo pagan a una institución para poder educarse y aportar al país”, añadió.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH) comentó que “esa misma universidad (USS) hoy está en el ojo del huracán después que se conocieran los 17 millones al mes que recibía Marcela Cubillos”.

Agregando que “también sabemos que en esa casa de estudios destacan nombres como Felipe Ward, Andrés Chadwick, exjefe de la junta directiva, Sebastián Sichel, Roberto Ampuero, Enrique Paris, María Teresa Valenzuela y Arturo Zúñiga, entre otros personajes ligados al corazón del Piñerismo”.

A su vez, la diputada comunista Daniela Serrano, integrante de la comisión de Educación, aseguró que “el caso de la Universidad San Sebastián dejó en evidencia que es fundamental mejorar la fiscalización del uso de recursos públicos”.

Finalmente, el diputado socialista Juan Santana dijo que -con el caso de Cubillos- “se destaparon una nómina de sueldos secreta. Sí, una nómina secreta pagada con fondos universitarios y que posiblemente financiaba aspiraciones políticas”.

“Y esos recursos, que se dejaron de destinar a la educación, no salen de cualquier parte: lo pagan estudiantes endeudados, lo paga el Estado a través del CAE o becas, lo pagan los docentes que reciben bajas remuneraciones”, indicó.