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El oficialismo rechaza solicitud de orden de captura contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, calificando la petición como una "payasada". Diputados como Christian Moreira y Félix González respaldan la medida si ayuda a sacar a Maduro del poder, mientras que otros como Raúl Soto del PPD y Tomás de Rementería del PS consideran que no es competencia del presidente Boric solicitar el arresto. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados pospone su postura y citará al canciller para informar sobre la posición de Chile en la investigación de la CPI.
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Sectores del oficialismo calificaron como una “payasada” solicitar al Gobierno que pida a la Corte Penal Internacional una orden de captura en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Recordemos que la iniciativa comenzó el 31 de julio pasado, luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que iba a impulsar la orden de arresto.
Al respecto, el diputado de la UDI y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Christian Moreira, dijo que tal como el presidente Boric aboga por el respeto de los Derechos Humanos, en Medio Oriente, lo mismo debe hacer respecto de Venezuela.
Esto último fue secundado por su par Republicano, Stephan Schubert, de la misma instancia legislativa.
El diputado ecologista, Félix González, también de la comisión de Relaciones Exteriores, apoyó la orden de arresto si esta “ayuda a marginar al régimen de Maduro”.
No obstante, el diputado PPD Raúl Soto, integrante de esta comisión parlamentaria, dijo que comparte todo lo que vaya en dirección para que Maduro deje el poder, pero aseguró que el presidente Boric “no tiene facultades para pedir el arresto” de alguien.
Su par socialista, Tomás de Rementería, añadió que el drama en Venezuela “es tan grande que no puede prestarse para este tipo de payasadas”.
En subsidio, se acordó citar al canciller Alberto van Klaveren para que informe de la posición de Chile respecto a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Recordemos que nuestro país remitió antecedentes a dicha causa durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
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