La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa la tramitación de la reforma miscelánea a la Ley de Migración y Extranjería, aprobando diferentes indicaciones.
Se aprobó la iniciativa que regula que una aerolínea no puede negar la venta al Estado de un pasaje para la expulsión de un extranjero, lo que debe incluir también a los escoltas, y la transacción se debe concretar en un máximo de 48 horas.
También, se aprobó una escala de sanciones para las compañías de transportes terrestre que trasladen a migrantes irregulares, con multas por cada pasajero, el retiro del vehículo y, en su caso, la revocación del registro correspondiente del Ministerio de Transportes.
Las multas para estas empresas ascendieron de 50 a 100 UTM por el bus completo, entre 100 y 150 UTM por cada pasajero transportado, y en caso de reiteración, el monto aumentó entre 150 y 200 UTM por cada extranjero.
Frente a ello, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), integrante de esta instancia legislativa, aseguró que “lo que busca es desincentivar el ingreso de personas irregulares a Chile. Es decir, que no sea gratis entrar a Chile”.
“Sabemos que hoy existe un verdadero negocio en torno a estas situaciones”, agregó.
Por otra parte, una indicación que no consiguió consenso, y, por tanto, pasó a la mesa técnica, fue la que regula la posibilidad de que el extranjero pueda solventar el 50% del costo del pasaje de expulsión, si cuenta con recursos suficientes.
Mientras que la oposición se manifestó a favor de que lo anterior sea una obligatoriedad, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, argumentó que la indicación “hace más engorrosos los procedimientos de expulsión”.
“Se genera una dinámica donde el afectado va a tener que demostrar que tiene ingreso, lo va a negar; vamos a tener que buscar los mecanismos para obligarlo a mostrarlos; luego que compre, o financie, de alguna manera, el pasaje”, añadió.
Asimismo, otro punto que no consiguió consenso, por lo que también pasó a la mesa técnica, es el que regula si una aerolínea debe o no cotejar la documentación migratoria del extranjero que hace escala en Chile, pero tiene destino final otro país.