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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó la investigación contra Camila Ponce Rojas por amenazas a periodistas de Bío Bío. Las comunicadoras Daniela Forero-Ortiz y Tamara Rojas fueron amenazadas tras una noticia sobre un imputado por lanzar molotov a Carabineros. Se publicaron afiches con sus rostros y se difundieron mensajes intimidantes. Las amenazas también se realizaron en Instagram, con comentarios violentos. La imputada rechazó una solución alternativa al caso, y el proceso continuará con 60 días de investigación.
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Tras la querella por amenazas presentada en 2021, este lunes se realizó la formalización de Camila Ponce Rojas, imputada por el caso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Ella no quiso aceptar una salida alternativa, pues se negó a dar disculpas públicas por la "funa" que realizó contra las periodistas, razón por la que el proceso siguió su curso y el tribunal fijó 60 días para la investigación. El abogado querellante, Alejandro Espinoza, subrayó que "esta es una potente señal respecto de la protección a la libertad de informar, derecho garantizado constitucionalmente y base esencial de un estado democrático".
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó este martes la investigación contra Camila Ponce Rojas (34 años), imputada por el delito de amenazas cometido en 2021 contra dos periodistas que -a la fecha de los hechos- trabajaban en Bío Bío.
La audiencia se realizó fruto de una querella por amenazas a las comunicadoras Daniela Forero-Ortiz y Tamara Rojas, cuyo caso está siendo investigado por Liliana Machuca, persecutora de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Puntualmente, las amenazas se profirieron en el contexto de una noticia publicada por las víctimas en el sitio de Bío Bío, el 19 de julio de 2021, titulada “Corte de Apelaciones decidirá libertad de imputado por lanzar molotov a Carabineros en Santiago”.
Dicho artículo condujo a que —vía web y con afiches pegados en las afueras del Palacio de Tribunales— se publicara el rostro de las periodistas con comentarios amenazantes y el claro afán de denostarlas.
Alejandro Espinoza, abogado querellante en la causa, consideró “de la mayor importancia que el Ministerio Público formalizara investigación contra Camila Ponce Rojas”.
“Creemos que esta es una potente señal respecto de la protección a la libertad de informar, derecho garantizado constitucionalmente y base esencial de un estado democrático”, dijo.
Sin salida alternativa
En concreto, tras la difusión de la noticia en cuestión, se “funó” a las periodistas por las informaciones que entregaron respecto a los “presos del estallido social”. Además del rostro de cada una, colocaron sus nombres completos.
Las amenazas por las que fue formalizada la imputada se efectuaron en Instagram, en los comentarios de uno de los post difundidos en dicha red social, en los cuales afirmó que donde las viera las iba a agredir.
Desde la cuenta “choice.la.caos”, llamó a “no olvidar las caras pa saltar con la volaora” (sic). Y posteriormente agregó: “ajjajajajaj donde las veamos”.
La imputada -oriunda de Puente Alto- no quiso aceptar una salida alternativa, pues se negó a dar disculpas públicas, razón por la que el proceso siguió su curso y se fijaron 60 días para la investigación.
