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Chile Vamos presenta acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes. Se detallan comunicaciones de Vivanco con Luis Hermosilla en el "Caso Audio", interacciones indebidas en designaciones de cargos públicos y actuaciones que afectaron la imparcialidad. Respecto a Muñoz, se destaca anticipación de fallo con efectos patrimoniales para su hija y falta de inhabilitación en caso con interés patrimonial. Representantes de los partidos de Chile Vamos resaltan la gravedad de los hechos, apuntando a la importancia de garantizar la transparencia, independencia y autonomía del Poder Judicial.

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Cumpliendo con lo señalado antes de Fiestas Patrias, Chile Vamos, a través de los jefes de bancada de RN, Ximena Ossandón; de la UDI, Gustavo Benavente; y Evópoli, Jorge Guzmán; presentaron este lunes las acusaciones contitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

En 48 páginas, las bancadas de los distintos partidos entregaron los argumentos -por notable abandono de deberes- que fundamentará el libelo acusatorio contra los dos supremos.

Argumentos contra Ángela Vivanco

En el caso de la ministra Ángela Vivanco, se alude a las comunicaciones de la jueza con Luis Hermosilla, reveladas en el denominado “Caso Audio”. El documento precisó que éstas “conculcan de manera seria y grave importantes principios y deberes que rigen el actuar de los integrantes del Poder Judicial, en particular, de los magistrados de sus tribunales superiores”.

Así, se indicó que ante lo revelado públicamente por los WhatsApp entre Hermosilla y Vivanco, la Corte Suprema “inició un proceso de remoción de la Ministra Ángela Vivanco,(…) dando paso a la tramitación del denominado cuaderno de remoción” de la magistrado.

En el documento acusatorio, se destaca que el cuaderno de remoción informa “una serie de 6 hechos en particular que constituyen el sustento fáctico en virtud del cual la máxima instancia judicial conoce y resuelve la eventual destitución de la Ministra”. Hechos que pasaron a ser 8, según informó el 16 de septiembre la Corte Suprema.

Los diputados que presentaron la acusación precisan que lo anterior dio “pie a la suspensión de la Sra. Ángela Vivanco, así como ante su eventual remoción del cargo que detenta. Ha incurrido la ministra en dos ilícitos constitucionales que configuran la causal de notable abandono de deberes”.

De esta forma, expusieron los ilícitos: “La ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia con que debía obrar como Jueza en determinadas causas puestas bajo su conocimiento (…) y la materialización de actuaciones e injerencias indebidas en el contexto de procesos de designación de determinados cargos públicos con el objeto de beneficiar a terceros”.

“La acusación se materializa respecto de la transgresión injustificada o incluso derechamente intencionada de importantes deberes que la Sra. Vivanco debió observar en calidad de magistrada de un tribunal superior de justicia, lo que ocasionó un agravio relevante a la función y al rol judicial que desempeña, así como a la judicatura toda”, detallaron en el líbelo.

Vivanco, según la acusación, “efectuó inferencias indebidas o impropias en la más reciente designación del Fiscal Nacional” -a favor del fiscal regional Carlos Palma, contenidas en las comunicaciones incautadas a Luis Hermosilla.

También se detallan las intervenciones en las designaciones de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón. Situación que se extiende, incluso, en su “interés activo por injerir en distintos nombramientos de funcionarios, auxiliares de la Administración de Justicia y jueces, lo que gestionaba y canalizaba con distintos vínculos, tal como consta en las profusas conversaciones vía WhatsApp con el abogado Hermosilla”.

Argumentos contra Sergio Muñoz

En cuanto a la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, se detalla en el primer capítulo que “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Especificándose luego que Muñoz “comenta el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo con una finalidad patrimonial en una descendiente directa”, agregando que el magistrado “conoció y falló una causa en donde existía un deber evidente de inhabilitarse dado el interés patrimonial de su hija”.

Se destaca, además, que el 23 de julio se presentó una denuncia en contra del magistrado ante la comisión de Ética de la Corte Suprema, “por la filtración de información confidencial y la anticipación de una fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la juez titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia”.

Por último, se hace notar que el patrimonio inmobiliario de la jueza Muñoz, según su declaración de intereses y patrimonio, pasó de 7 inmuebles en abril de 2017, a 24 inmuebles en junio de 2024.

Impresiones tras las acusaciones constitucionales

Tras presentar los libelos, representantes de los partidos que componen Chile Vamos dieron sus impresiones al respecto.

Ximena Ossandón (RN), afirmó que “es un libelo con dos acusados porque existe solo una causa, que es el notable abandono de deberes. Esto tiene varias virtudes. Primero que todo, va a existir una sola votación, una sola comisión, que va a ver las dos causas, así que vamos a estar ahorrando también tiempo legislativo”.

Gustavo Benavente (UDI), en tanto, señaló que “todos los antecedentes que hemos tenido a la vista justificaban la presentación de una acusación constitucional en contra de estos dos ministros de la Corte Suprema. Los hechos que se han descritos son absolutamente graves, dañan la fe pública y atentan contra la credibilidad de todo el sistema de justicia, que es fundamental para una democracia como la nuestra”.

Mientras que Jorge Guzmán (EVO), añadió: “Desde Chile Vamos tenemos el compromiso de garantizar la transparencia, independencia, integridad y autonomía del Poder Judicial. Los hechos acontecidos respecto del juez Sergio Muñoz y también de la jueza Ángela Ivanco nos obligan a ejercer nuestro rol fiscalizador en virtud de lo que nos faculta la Constitución para acusar constitucionalmente a los ministros por el incumplimiento de deberes, en este caso los deberes de prioridad, transparencia e independencia”.

“Esperamos que el Congreso acompañe estas acusaciones constitucionales y sean removidos de sus cargos justamente por faltar a los deberes de prioridad, transparencia e independencia del Poder Judicial”, finalizó.