Esta jornada de lunes, diputados del Partido Republicanos denunciaron presuntas prácticas anticompetitivas entre Codelco y Enami, relacionados con la adquisición del 10% de la minera Quebrada Blanca y la compra de la minera Salar Blanco.
Entre los antecedentes presentados está que Enami vendió su participación del 10% en QB2 a CODELCO por US$520 millones. Del total, acusan, se pagaron US$182 millones al contado y el saldo de US$338 millones a pagar en un plazo de 120 días.
A la vez, desde republicanos sostienen que se estima que los ingresos futuros de QB2 podrían ascender a US$2.000 millones, lo que indica que el valor de venta fue inferior al valor de mercado.
“La venta se considera opaca y sin información pública sobre cómo se determinó el precio”, acusaron.
Los antecedentes de la denuncia
En cuanto a la compra de la minera Salar Blanco, por Codelco, indicaron que en agosto de 2023, Codelco adquirió el 100% de la minera Salar Blanco, que posee derechos sobre el Salar de Maricunga, una importante reserva de litio en Chile.
“Esta adquisición fue denunciada por presuntas acciones anticompetitivas, ya que Codelco habría boicoteado la venta de la mina a terceros, utilizando su posición dominante”, presentaron entre los antecedentes.
Igualmente, se alega que la operación de compra entre Enami y Codelco fue discriminatoria y resultó en pérdida de activos estratégicos para el Estado.
Por lo anterior, denuncian que existe una falta de transparencia y el precio aparentemente inferior al valor de mercado sugieren prácticas anticompetitivas que deben ser investigadas.
En la misma línea, dicen, la operación compromete el patrimonio fiscal y afecta el orden público económico, protegido por la legislación chilena, en particular, el Decreto Ley 211 sobre libre competencia.
A su juicio, la participación de Codelco en ambas transacciones plantea dudas sobre posibles abusos de su posición dominante y la violación de principios constitucionales que prohíben privilegios injustificados.
De esta manera, se solicita que se investiguen las transacciones denunciadas entre Codelco y Enami. Igualmente, que se determine si dichas prácticas constituyen infracciones a la libre competencia. En caso que sea así, sancionar a los involucrados conforme a la normativa vigente.