Representantes de la pesca industrial del Bío Bío, y de diversas regiones del país, llegaron hasta la comisión de Pesca de la Cámara Baja, para reclamar contra el proyecto de Ley del Fraccionamiento de recursos marinos.
Recordemos que el Ejecutivo tomó la decisión de tomar este punto, que reparte entre los industriales y los artesanales una amplia variedad de peces en diversas zonas del país, y separarlo de la Ley de Pesca para tramitarlo con sentido de urgencia.
En una carta leída en la comisión, la presidenta de los Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda, dijo que es un “problema jurídico mayor” cambiar las cuotas de extracción, que por vía de la cuestionada Ley de Pesca actual van hasta el 2032.
A la vez, comentó que significaría un retroceso en la industria de los alimentos venidos del mar. Igualmente, Cepeda dijo que el gobierno vino a cambiar las reglas del juego, quitándoles “seguridad jurídica”.
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Polémica en comisión de Pesca
El presidente de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Brito, descartó que los industriales hayan llegado a la instancia para hacer una propuesta de cómo repartir mejor los recursos.
Por el contrario, acusó que llegaron a decir que el Congreso no puede legislar este proyecto. El parlamentario recordó que las condiciones con las que cuentan -por 8 años más- fueron acordadas en la tramitación de una “ley corrupta”.
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Desde la UDI, el diputado Sergio Bobadilla -cuestionado durante el trámite por incorporar más de 200 indicaciones emanadas de un informe de la Sociedad Nacional de Pesca- se alineó con la postura de los industriales.
Sobre eso, el diputado de oposición agregó otro elemento: pidió que el ministro de Justicia, Luis Cordero, asista a la comisión de Pesca.
¿La razón? recordó que el año pasado se conoció que el secretario de Estado emitió un informe, en el segundo gobierno de Michele Bachelet, en el que advirtió que cambiar el fraccionamiento expondría al Estado a demandas por la vulneración de “derechos adquiridos”.
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Además, en la comisión, los diputados Christian Labbé y Miguel Ángel Calisto pidieron un pronunciamiento a la secretaría de la comisión para examinar la constitucionalidad de la Ley de Fraccionamiento.
Esto, porque en su redacción señalaría que los derechos de extracción llegan hasta el 2023, asegurando que llegan en realidad hasta el 2032.