La bancada de diputados de Renovación Nacional, representada por Hugo Rey, Camila Flores y Eduardo Durán, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando la fiscalización de la legalidad del documento titulado “Orientaciones para el Mes de la Memoria y la Democracia 2024”.
El objetivo es que este acto sea revisado por presuntamente exceder las atribuciones legales del Ministerio de Educación, afectando el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Cabe destacar que este llamado a la fiscalización se enmarca en la preocupación de los diputados RN por mantener el principio de juridicidad en la administración pública y proteger el derecho de los niños y jóvenes a una educación libre de influencias político-partidistas, advirtieron los parlamentarios.
Según los diputados, este documento, que fue distribuido en establecimientos educacionales de todo el país, “vulnera el derecho a la educación y la libertad de enseñanza”, al plantear una visión sesgada del período histórico comprendido entre el golpe de Estado de 1973 y el retorno a la democracia.
El grupo parlamentario también señala que se trata de una “actuación contraria a la Constitución y la ley, lo que importa además un uso indebido de los recursos fiscales”.
Mes de la Memoria
En su requerimiento, los legisladores destacan que el Ministerio de Educación “no posee una atribución general de orientación del currículo formativo o interpretación intempestiva de este”, haciendo referencia a que cualquier modificación en los contenidos escolares debe realizarse dentro de un marco legal específico y contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación.
Además, señalan que ya existe un marco legal, como la Ley N°20.911 sobre Formación Ciudadana, que regula la inclusión de contenidos relacionados con derechos humanos, por lo que no es necesario complementarlos con documentos adicionales.
El documento distribuido, de acuerdo a los parlamentarios, se aleja de la imparcialidad al “ofrecer una mirada parcial del proceso histórico”, lo que interpretan como una forma de proselitismo político, algo prohibido en el sistema educacional según el artículo 19 de la Constitución.
Finalmente, ante estos antecedentes, el requerimiento de los parlamentarios solicita a la Contraloría “declarar la ilegalidad del documento e instruir al Ministerio de Educación a cesar en sus efectos”, con el fin de evitar que se sigan utilizando recursos fiscales en su distribución y aplicación.