La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió a la Contraloría General de la República que declare ilegal el proceso de remoción que inició el máximo tribunal en su contra, tras la revelación de comprometedores mensajes que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla, entre 2018 y 2023.
Algunas de esas conversaciones, según el Ministerio Público, contenían indicios de irregularidades y de delitos, que hoy son investigados por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Los hechos llevaron a la Suprema a suspender y a abrir un cuaderno de remoción contra la magistrada.
Vivanco impugna proceso de remoción ante Contraloría
Según consigna El Mercurio, en su escrito Vivanco pidió al organismo que “dictamine que es ilegal el decreto presidencial que da cumplimiento a la remoción de un juez (…) si omite dar satisfacción a la garantía del debido proceso, en cuanto a dar acceso a todo el expediente y prueba al juez inculpado”.
Lo anterior, en referencia a que la Corte Suprema se negó a facilitarle el expediente que se encuentra en manos de la Comisión de Ética.
“El 9 de septiembre, a fin de elaborar el informe solicitado en el cuaderno de remoción y poder preparar debidamente mi defensa en dicha sede, solicité copia de los antecedentes de las dos anteriores Comisiones de Ética, documentos que me fueron rechazados según resolución de fecha 11 de septiembre de 2024″, expuso.
Además, señaló que el pleno del máximo tribunal le negó su solicitud de acceder a una “copia de antecedentes para los mismos objetivos anteriormente expuestos”.
Por este motivo, la suspendida ministra expresó que la impugnación “se pide sobre un asunto concreto que es el procedimiento de revisión”, agregando “no es una petición abstracta”, y que busca “resguardar la protección de la norma Constitucional”.
Finalmente, Vivanco subraya que “el debido proceso es el conjunto de garantías y derechos que debe considerar un procedimiento judicial, disciplinario o administrativo, con el objeto de resguardar la libertad y autonomía de las personas y como límite al ejercicio de las actuaciones del poder público, exigiendo su sujeción al derecho y la interdicción de la arbitrariedad”.
“De este modo, no cabe duda de que, el procedimiento de remoción de un juez y el decreto supremo que lo afine por parte del Presidente de la República debe hacer constar todas y cada una de estas circunstancias, so pena de incurrir en un acto ilegal y arbitrario”, concluye.
