Diputados de la UDI pidieron a la Fiscalía abrir una investigación de oficio tras confirmarse que tres electrodependientes fallecieron producto de los extensos cortes de luz que se produjeron en agosto.
En concreto, el subjefe de la Bancada UDI, Henry Leal, además del diputado Felipe Donoso, llamaron al Ministerio Público a iniciar una investigación penal de oficio en contra de los ejecutivos de Enel, luego que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) decidiera formular nuevos cargos contra la empresa tras constatarse el hecho.
Al respecto, junto con lamentar lo ocurrido, los parlamentarios gremialistas advirtieron que detrás de la situación podrían existir distintas responsabilidades penales, considerando que -de acuerdo a lo que informó la SEC- la compañía habría incumplido con la Ley de Pacientes Electrodependientes.
Lo anterior, al no entregar los equipos de respaldo exigidos a dos de las tres personas que fallecieron, además de no atender ni haber dado respuesta a los constantes llamados que habrían realizado los familiares.
Tres personas electrodependientes fallecieron tras extensos cortes de luz de agosto
En esa línea, Leal y Donoso recordaron una entrevista que en medio de la crisis realizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien manifestó que “eventualmente, si hubiese algún delito que se pudiese haber configurado como consecuencia de esta situación, eso nos corresponde investigarlo”.
Por lo mismo, ambos instaron al Ministerio Público a iniciar -lo antes posible- una investigación penal en dicha materia, asegurando que “no basta con todas las multas y sanciones que pueda aplicar la SEC, sino que aquí también deben ser investigados los eventuales delitos que puedan llegar a existir”.
“Es fundamental que detrás de esta grave negligencia que cometió la empresa se investiguen todas las responsabilidades que puedan existir, pero no sólo a nivel administrativo, sino que también penal (…)”, señalaron los diputados.
Pero además, los parlamentarios emplazaron al Gobierno y a la Delegación Presidencial a presentar una querella criminal por los mismos hechos, considerando que dos de los tres pacientes fallecidos estuvieron más de 50 horas sin luz, sin que la empresa haya dado respuesta a las llamadas de auxilio.
“El Gobierno tiene la obligación de presentar todas las acciones judiciales que tenga a su alcance frente a este lamentable hecho (…)”, sostuvieron los legisladores.
