A raíz de las últimas informaciones publicadas por el medio Ciper Chile en la nota titulada “Chats revelan los favores entre Hermosilla y la suprema Vivanco (…)”, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), querellantes en el Caso Hermosilla, anunciaron que realizarán acciones para impulsar una acusación constitucional contra los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del abogado Luis Hermosilla.
El reciente reportaje de Ciper revela chats de WhatsApp entre Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde se ve manipulación para la designación de salas para dictar fallos judiciales y quedaría al descubierto tráficos de influencias. Incluso, se observaría la participación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en parte de estas operaciones.
Asimismo, figuran diálogos en distintas fechas respecto de gestiones para concretar el nombramiento de Vivanco en la Corte en 2018; y consultas para influir en la nominación de magistrados, como Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa.
“La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado Ciper respecto de la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla”, señaló Manouchehri.
En esa línea, la diputada Daniella Cicardini, también querellante en el caso, indicó que “la gravedad de los antecedentes de Ciper respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional”.
Actualmente, los parlamentarios del PS son querellantes en la causa, respecto a los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, por el que están cumpliendo medidas cautelares los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, sumados a Luis Angulo (pareja de Villalobos) y a dos funcionarios de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos.
Desde la DC se suman a la idea de una acusación constitucional contra jueces
Mientras tanto desde la Democracia Cristiana, el diputado y Vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, también manifestó en la línea de realizar una acusación constitucional contra los jueces involucrados, y sumó apoyo a la propuesta del Partido Socialista.
“Con nuevos antecedentes entregados por Ciper sobre actuar de Ministra Vivanco, la Acusación Constitucional en su contra y de J. P. Matus es inevitable. Esto es para hacer justicia, no negocios. Lo que hemos conocido en las últimas horas en relación a la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, es realmente brutal. Esto es inaceptable que suceda en la Corte Suprema. Lo mismo he dicho respecto del ministro Jean Pierre Matus”, indicó.
“Y creo que en ambos casos se configuran los elementos para no solo que actúe la Comisión de Ética de la Corte Suprema, sino que para una acusación constitucional (…) Obviamente todo el apoyo en la acusación a Matus, pero también en la posible acusación a Angela Vivanco que ha dicho el Partido Socialista, porque realmente el máximo tribunal de justicia de Chile no se merece ese tipo de ministras en la Corte Suprema. Esto es para hacer justicia, no negocios”, sentenció.
Preocupación en la Suprema
Mientras tanto la Corte Suprema, a través de un comunicado de prensa, expresó su preocupación por la reciente filtración de mensajes privados entre la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, y el abogado Luis Hermosilla.
“En atención a recientes informaciones de prensa que involucran a integrantes de la Corte Suprema, el presidente de este tribunal, Ricardo Blanco Herrera, expresó su preocupación por esta situación y señaló que serán tratadas con la máxima prioridad en el pleno de mañana lunes 9 de septiembre”, indicaron a través de un comunicado.
“Asimismo, reiteró el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del estado de derecho para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas”, sentenciaron.
