Crecen las tensiones por las posibles consecuencias que podría tener La Moneda a raíz de la revelación de mensajes de Luis Hermosilla. Si bien el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el Gobierno está “muy tranquilo”, la oposición arremetió contra el Ejecutivo por aprovechamiento electoral en torno al caso.

Tras las críticas opositoras por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien afirmó que con la cautelar de Hermosilla “metieron a la cárcel a un señor que se creía todopoderoso”, el titular de Justicia aseguró que lo interpreta como una deliberación política, sin relación con el funcionamiento del Ministerio Público ni del Poder Judicial.

Asimismo, advirtió que desde el Gobierno no manejan “ningún otro antecedente que aquel que se ha expuesto en la prensa”.

La acusación de Henry Leal (UDI)

Si bien desde Chile Vamos han optado por desmarcarse del tema, el diputado de la UDI, Henry Leal, acusó al Ejecutivo de una operación para sacar una ventaja política respecto al caso Audios.

“Es evidente que aquí ha habido una operación del Gobierno para sacar una ventaja política (…) porque aquí alguien está filtrando, pero seleccionando cuidadosamente qué se filtra”, afirmó.

Respuesta del oficialismo

En respuesta a esta acusación, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, negó que el oficialismo esté sacando provecho del caso, asegurando que, “aquí no hay nada que celebrar”.

Al mismo tiempo, criticó a la UDI porque pese a estar “involucrado en muchos casos de corrupción”, su tendencia es de una “defensa corporativa en lugar de la total transparencia”.

Dichos que fueron en parte respaldados por el senador socialista, Juan Luis Castro, quien enfatizó en que esto no es sobre sacar cuentas políticas, sino sobre la gravísima intervención en la Corte Suprema.

“Aquí se trata de ajustarse a los hechos, porque desestabilizan a los poderes del Estado”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a las repercusiones que ha tenido el caso protagonizado por Luis Hermosilla, el ministro Cordero adelantó que desde el Gobierno se “está estudiando una reforma integral al sistema de nombramiento judiciales y adicionalmente una regulación adecuada para establecer reglas específicas y actualizadas en materia de conflictos de interés”.