El exdiputado Exequiel Silva salió a explicar los vínculos con la empresa PacificBlue y los Pescadores Industriales, luego que Contraloría revelara millonarios pagos a la sociedad que el exparlamentario tenía con Luis Angulo, uno de los imputados del denominado Caso Audio.
Recordemos que, según publicó Interferencia, se trata de la sociedad Asesoría y Negocios Commercia SpA, que en 2017 tenía entre sus socios al excongresista de la DC, junto al esposo de Leonarda Villalobos.
Esta sociedad, dedicada a las inversiones y consultorías, recibió millonarios pagos de la empresa PacificBlu, conformada por Blumar, Pesquera BioBio y Congelados Pacífico, y la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, actualmente Pescadores Industriales del Bío Bío.
Al respecto, el exdiputado reconoció su vínculo con la sociedad junto con Angulo, defendiendo sus asesorías millonarias.
“Efectivamente, fui socio de la empresa Asesorías y Negocios Commercia Spa y a través de ella pude desarrollar asesorías profesionales, entre ellas a empresas y gremios”, sostuvo Silva.
Sin embargo, señaló que “dejé de ser socio de esta empresa en 2019 y he continuado trabajando como asesor y desarrollado mi trabajo profesional”.
“Las rentas y honorarios percibidas durante ese período corresponden a valores de mercado y por trabajos efectivamente ejecutados y recibidos de manera conforme por mis contrapartes”, cerró su declaración.
PacificBlue y Pescadores Industriales confirman asesorías de Silva
Desde PacificBlue, por su parte, confirmaron el término de la relación con el exdiputado Silva, descartando algún vínculo con el denominado Caso Audio.
Así lo aseguró en una declaración enviada a BioBioChile, donde explicaron que efectivamente, desde julio de 2018 a octubre de 2023, el exdiputado prestó a la empresa servicios de asesoría y consultoría en temas legislativos.
En ese sentido, detallaron que los pagos se hicieron a través de facturas por medio de la empresa “Asesoría y Negocios Commercia SPA”, de la cual él era socio junto con Luis Angulo Rantul.
No obstante, en enero de 2023, aseguran que Silva solicitó la cesión del contrato de prestación de servicios desde la empresa “Asesoría y Negocios Commercia SpA” a la empresa “Asesoría y Servicios Legales Comercia Limitada”, cuya nueva representante legal es doña María Leonarda Villalobos.
Pese al cambio, explican que “los servicios de asesoría profesional siempre y de manera exclusiva fueron prestados únicamente por don Exequiel Silva Ortiz”, descartando alguna relación laboral con “otro de los socios”, en alusión a Villalobos, quien también está imputada en el Caso Audio.
En esa línea, aseveran que “una vez que PacificBlu tomó conocimiento de los hechos denunciados públicamente, que se conocieron como Caso Audio, decidió poner término al contrato de prestación de servicios profesionales de don Exequiel Silva Ortiz, toda vez que la representante legal de la empresa “Asesoría y Servicios Legales Comercia Limitada” comenzó a ser investigada por presuntos delitos sancionados por la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”.
“PacificBlue condena de manera categórica las malas prácticas y los posibles delitos asociados a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, conocida también como Caso Audio”, sentencian.
Así también, aclaran que la empresa “no tiene ninguna vinculación con los eventuales delitos investigados en el denominado Caso Audio”.
“Finalmente, manifestamos que los servicios profesionales prestados por don Exequiel Silva Ortiz cumplieron satisfactoriamente lo requerido por la empresa”, concluyen su declaración.
En tanto, desde Pescadores Industriales confirmaron que Silva fue un analista legislativo del gremio hasta fines de 2023, resaltando que “hizo un buen trabajo”.
A través de una declaración pública, enfatizan que cobró honorarios acordes al mercado a través de su empresa, la cual pasó la “debida diligencia” sin problemas al ser contratada.
“Sus honorarios los facturó desde una empresa que tiene giro para prestar dichos servicios y los montos cobrados son de mercado”, indicaron en el texto.
Por último, aunque en 2018 no se anticiparon las dificultades actuales de la empresa, su relación con el gremio terminó y se decidió cambiar de asesores.
“La empresa cuando fue contratada pasó sin observaciones la “debida diligencia” que es la revisión satisfactoria a la que están obligadas las empresas o gremios que poseen el Modelo de Prevención del Delito”, sentencian.
“No era posible conocer en 2018 cuando Silva comenzó a prestar servicios que su empresa tendría las dificultades que hoy enfrenta. La relación concluyó, pues se determinó cambiar de asesores”, concluyen.
