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La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, explicó en el Congreso las razones detrás de la decisión de no querellarse por el caso de la desaparición y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, aclarando que el rol del INDH no puede intervenir en casos entre particulares, ya que el Estado chileno no estaría involucrado. Contreras afirmó que han oficiado al Ministerio Público para determinar si algún agente estatal chileno participó en el crimen, generando dudas entre parlamentarios, como el diputado Jorge Guzmán, quien cuestionó la actuación del INDH. Desde el oficialismo se defendió la decisión del INDH, argumentando que simplemente está cumpliendo su mandato constitucional.
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La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, entregó -en el Congreso- las razones por las que la institución decidió no presentar una querella por la desaparición y posterior crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Esto se da luego de que un grupo de parlamentarios de oposición solicitaran en la instancia oficiar al INDH para aclarar por qué interpuso querellas en causas no vinculadas directamente con la violación de derechos humanos, y no contra el asesinado de Ojeda.
Ante los cuestionamientos, la directora Contreras, respondió que una vez se dio a conocer la desaparición del exmilitar venezolano en febrero de este año, revisaron parte de los requisitos para ver si estaba dentro de sus facultades presentar acciones legales.
Sin embargo, aclaró que el rol del INDH no puede intervenir en casos entre particulares, enfatizando que “el Estado chileno al parecer no está involucrado”.
“Hemos oficiado al Ministerio Público para saber si en el proceso de investigación habría algún agente del Estado de Chile involucrado en el crimen del señor Ojeda, y estamos a la espera de la respuesta, pero nos da la impresión por las noticias que no, no lo hay”, señaló Contreras.
Sin embargo, esta respuesta no fue bien recibida por parte de los parlamentarios presentes en la comisión de Derechos Humanos, generando más dudas que certezas.
Al respecto, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, cuestionó el accionar del INDH, señalando que “igual tienen la capacidad presentar acciones en calidad de querellantes para poder contribuir en la investigación y en razón de la investigación, sacar sus conclusiones si están o no en un caso de violación a los Derechos Humanos”.
No obstante, desde el oficialismo defendieron la decisión del INDH, apuntando a que simplemente está ejerciendo su mandato constitucional, descartando una supuesta doble intencionalidad “conspiranoica”.
“Aquí en ningún caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos se sobrepasa de su ámbito de aplicación, si no más bien ejerce el mandato que tenemos de protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos de todas las personas”, afirmó la diputada Emilia Schneider.
“Me parece que creer que aquí hay algún otro tipo de motivación es una teoría bastante conspiranoica, cuando en realidad acá estamos hablando de un mandato y de derechos que son bastante claros”, sentenció.
Cabe recordar que actualmente existen dos personas detenidas por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, se trata del venezolano Maickel Villegas Rodríguez y un adolescente de 17 años de iniciales A.C.
El primero de estos, fue detenido en Costa Rica, donde actualmente se mantiene en prisión preventiva en medio de la tramitación para su extradición a Chile.
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