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La diputada Ana María Gazmuri respondió al informe de la Contraloría que confirmó irregularidades en convenios entre la Fundación Daya y municipios, manifestando su satisfacción por la emisión del documento y asegurando que este respalda lo que han denunciado. Señaló que los municipios incumplieron obligaciones, lo que provocó la destrucción de la materia vegetal destinada a fármacos de cannabis. Destacó el cumplimiento de Daya en sus responsabilidades y la rendición de gastos, indicando que solo un 1% fue observado. Respecto a la denuncia presentada por el diputado Juan Irarrázaval, Gazmuri anunció posibles acciones legales por lo que considera afirmaciones engañosas. Criticó la postura del parlamentario como opositor al convenio y afirmó que las responsabilidades administrativas recaen en los municipios, no en la Fundación Daya.

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La diputada Ana María Gazmuri se refirió -a través de un comunicado- al informe de la Contraloría General de la República que confirmó anomalías en convenios -con la Fundación Daya- por parte de trece municipios.

Recordemos que, sobre eso mismo, el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles delitos y, también, un eventual conflicto de interés.

Tras lo anterior, en primer lugar, Gazmuri aseguró estar satisfecha porque “después de mucho tiempo, por fin se emitió el informe final de la Contraloría sobre el convenio que suscribieron 13 municipios con Daya”.

A la vez, aseguró que el documento “es coherente con lo que hemos señalado desde que se realizó la denuncia”.

La respuesta de diputada Gazmuri a informe de Contraloría

A la vez, la parlamentaria indicó que en el informe del ente contralor “queda de manifiesto que los municipios incumplieron sus obligaciones y eso significó que muchos no hayan podido entregar los fármacos de cannabis comprometidos para pacientes de sus comunas”.

“La demora de los municipios sin generar las condiciones para recibir los fármacos, implicó que la materia vegetal fuera destruida, por norma, por el ISP”, complementó.

Agregando que, pese a ello, “se logró que, sin costo adicional para los municipios, el laboratorio dispusiera de material fresco, para así entregar los productos a quienes, aunque fuera de plazo, quisieran implementar el programa”.

Acto seguido, indicó que “el documento es claro en reconocer el absoluto cumplimiento de Daya en sus obligaciones, tales como el cultivo, cosecha, capacitación de equipos clínicos, entrega al laboratorio, así como el compromiso de éste con la elaboración de los fármacos”.

“También deja claro que se realizó la rendición de cómo fueron invertidos cada uno de los recursos. Menos del 1% de los gastos fueron observados. También, se señala que Daya siempre estuvo dispuesta a cumplir”, sostuvo.

A la vez, aseguró que sí se obtuvieron las autorizaciones tanto del SAG, como del ISP, en la etapa correspondiente. Esta última, imposible haberla obtenido antes que el producto existiera.

Denuncia de diputado republicano Juan Irarrázaval

En tanto, sobre la acción judicial presentada desde la oposición, Gazmuri anunció que está estudiando acciones legales en su contra, “por seguir mintiendo y confundiendo con dichos imprecisos y malintencionados”.

“Cabe recordar que Irarrázaval era concejal de la comuna de Calera de Tango en el momento de firmarse el convenio, siendo un acérrimo opositor del mismo, ya que él considera que el uso medicinal del cannabis se enmarca en la “ideología de la marihuana”. En su rol de concejal falló en sus obligaciones de cautelar el desarrollo del proyecto”, acusó.

Finalmente, concluyó que espera que la información de Contraloría “pueda despejar dudas y hacer valer las responsabilidades administrativas, que recaen sobre las municipalidades y no sobre Daya”.

Revisa el comunicado: