Desde el Partido Republicano, el diputado Juan Irarrázaval presentó una denuncia ante Fiscalía, tras confirmarse anomalías en convenios de la Fundación Daya con 13 municipios.
La ofensiva judicial fue tras el informe de la Contraloría General de la República, que constató anomalías en los acuerdos y que, además, serán enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según explicó el parlamentario de oposición, “estamos frente a potenciales delitos y a defraudaciones al Estado que deben ser investigadas a fondo”.
“Por lo mismo, exigimos al gobierno y a las municipalidades que resguarden el patrimonio de todos los chilenos, y a la diputado (Ana María) Gazmuri que se ponga a disposición de la justicia para determinar las responsabilidades que correspondan”.
Irarrázaval planteó “¿cómo puede ser posible que 13 municipalidades tan distintas, a lo largo de todo Chile, con tan diversas administraciones, fallen tan calcadamente en el desarrollo de estos convenios?”.
Agregando “¿cómo puede ser posible que todas hayan entregado fondos para un fármaco que no tenía autorización del ISP? ¿Cómo puede ser posible que ninguna de estas municipalidades haya pedido se le reintegren sus recursos o no hayan presentado acciones judiciales para perseguirlos?”.
“Todo esto no es coincidencia, esos municipios sólo tenían una cosa en común y era la Fundación Daya como contraparte, y eso es un indicio de corrupción que queremos que se investigue”, complementó.
Eventuales conflictos de interés
De acuerdo al escrito presentado, el legislador también solicitó al Ministerio Público que se investigue eventuales conflictos de interés en la tramitación de leyes por parte de diputada de Acción Humanista.
“Queremos que se aprovechen de investigar los conflictos de interés de la diputada Gazmuri en su ejercicio parlamentario”, dijo su par del Partido Republicano.
Lo anterior, aseguró, porque “la diputada Gazmuri, primero como lobista y luego directamente como parlamentaria, incidió activamente en la ley contra el crimen organizado, también llamada ‘ley antinarco"”.
Esto, dijo, “presentando indicaciones, votaciones separadas, integrando su comisión mixta y luego defendiéndola ante el TC, siendo que ella tiene intereses a través de una empresa relacionada llamada DayaCann, filial chilena de una transnacional de cannabis”, cerró.
La respuesta de Fundación Daya
A través de una declaración pública, desde la fundación en cuestión señalaron que el informe de la Contraloría “nos da la razón en lo que venimos afirmando y aclarando desde la mal intencionada denuncia realizada por el Diputado Irarrázaval”.
“Queda de manifiesto que los municipios incumplieron sus obligaciones y ello redundó en que muchos de ellos no hayan podido materializar el proyecto conjunto”, sostuvieron.
Agregaron que “también reconoce el documento del ente fiscalizador que Daya siempre estuvo presta a cumplir, intentando constantemente gestiones y manteniendo informados a los alcaldes y municipios para permitir su realización”.
A la vez, indicaron que el informe del ente contralor “reprocha a los municipios por no hacer todo lo que pudieran para cumplir los convenios” y “reconoce también que Daya y el Laboratorio encargado de la producción de los medicamentos intentó realizar gestiones con varios municipios para cumplir con la entrega de los fitofármacos, a pesar del tiempo transcurrido. Hubo muchas oportunidades para actuar y no lo hicieron”.
En conclusión, “el reproche de la Contraloría se dirige a los municipios, por cuanto estos permanecieron en la inacción, dejando que la materialización de sus aportes terminara siendo destruida por no llevar adelante las acciones pertinentes para recibir los tratamientos que Daya ofreció”.
“Estos tratamientos, si bien no se trató de una venta de productos, sino un desarrollo conjunto, le significaba al municipio un costo de 14 mil pesos por producto vs. más de 70 mil pesos al valor de mercado, lo que claramente era un beneficio importante y un buen uso de fondos públicos”, cerraron.
