Durante la mañana de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la preocupación por la disparidad en las cifras de migración irregular. En ese sentido, aseguró que “nunca ha sido una posibilidad que las expulsiones sean la misma cantidad que los ingresos”.
Gracias a un informe entregado a la comisión de Gobierno de la Cámara Baja, El Mercurio dio a conocer que durante el primer semestre de 2024 hubieron 17 mil ingresos irregulares y solo 668 expulsiones.
Lo anterior, despertó la inquietud de diputados como Rubén Oyarzo (IND), quien alertó que “estamos en el peor de los mundos”. Además, legisladores recomendaron poner énfasis en las reconducciones, para así disminuir el alarmante número de ingresos.
La postura de Tohá
Al respecto, Tohá aseguró que “en Chile se hacen reconducciones en todas las ocasiones en que tenemos posibilidad de hacerlas, pero en algunas no se puede“.
“En el caso de Bolivia, cuando las personas que ingresan no son de nacionalidad boliviana, Bolivia no acepta la reconducciones”, argumentó.
En ese sentido, la secretaria de Estado defendió la gestión de Gobierno, asegurando que “este año está viendo muchas más expulsiones que el año pasado, aún más que el año anterior y más que la mayoría de los años previos”.
“Pero nunca ha sido una posibilidad que las expulsiones sean la misma cantidad que los ingresos. Lo que hay que lograr y lo que hay que sincerar, porque sino a las personas les transmitimos expectativas que después no se pueden cumplir, es que las expulsiones tienen que priorizar a los sujetos de riesgo“, explicó.
“Lo que tenemos que lograr, es que los sujetos de riesgo que tienen características o un comportamiento que los vincula con posibles actividades criminales, deben ser el foco principal de las expulsiones”, agregó.
En la misma línea, destacó los empadronamientos realizados, lo que -según dijo- antes no se hacía y ahora permite identificar a quienes ingresan.
Proyecto de ley para expulsiones decretadas
Finalmente, la ministra puso el foco en “las personas que están en Chile con un decreto de expulsión que aún no se ha ejecutado”, remarcando que “el Estado tiene que tener algún control sobre sus movimientos, que hoy día no tiene ninguno”.
“Vamos a presentar al Parlamento una modificación de la ley en ese sentido. Para que las personas que están a la espera de que se lleve a cabo una medida de expulsión decretada previamente, sepamos dónde están, sepamos quiénes son y tengan algún tipo de contacto permanente con la autoridad para que evitemos que se presten para cualquier actividad fuera de la ley”, concluyó.