Este martes, en una ceremonia encabezada por el presidente Gabriel Boric, se promulgó la ley que reforma al Código Procesal Penal para modernizar el sistema de persecución penal con énfasis en materia de reincidencia.
En la instancia también estuvo presente la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero.
En concreto, el proyecto busca endurecer las penas para los reincidentes y dotar al sistema de justicia de herramientas más eficaces para combatir la criminalidad organizada.
Recordemos que esta iniciativa es parte del fast track de 31 proyectos de seguridad acordado con los presidentes de ambas Cámaras en mayo de 2023, del cual hay 23 proyectos despachados.
Revisa el proyecto
Para hacer efectiva la reforma, el proyecto incorpora una norma que agrava las penas a condenados que sean reincidentes y asegura que esta sea efectiva a todo evento.
Pero ¿cómo se aplica el agravamiento de penas? Específicamente, se excluye el grado mínimo de la pena asignada al delito si es reincidente. En caso de ser la segunda reincidencia, entonces se aumenta la pena en un grado.
Características del proyecto de ley:
– Introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado.
– Incorpora reglas para la agilización de los juicios orales.
– Establece medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales.
– Incorpora un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales, no solo al momento de enjuiciamiento, sino también durante la investigación.
– Incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas.
– Incluye cambios en la Ley Nº 20.000, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) como destinatarios de recursos decomisados.
– Limita el plazo para que los bancos entreguen los antecedentes solicitados por el Ministerio Público y regula la toma de muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación irregular, previa autorización del tribunal a solicitud de la Fiscalía.
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