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Los diputados Karen Medina (IND) y Roberto Arroyo (PSC) llevaron al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, a comisión de ética debido a sus controvertidas declaraciones sobre la violencia durante el estallido social, acusándolo de minimizar los actos delictivos que impactaron a negocios y empleos. Winter mencionó que, si bien lamentaba lo sucedido a las víctimas de quemas y saqueos, consideraba el estallido como un tema secundario. Medina criticó duramente a Winter, alegando la falta de respeto a la dignidad humana, mientras que Arroyo destacó la insensibilidad hacia las víctimas y la crisis económica generada. Ambos legisladores presentaron evidencia para respaldar la solicitud de investigación ética, citando que más de 11.500 empresas cerraron sus puertas entre octubre y diciembre de 2019, según datos del Servicio de Impuestos Internos.

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Los diputados Karen Medina (IND) y Roberto Arroyo (PSC), pasaron a comisión de ética al diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, tras sus polémicos dichos sobre los hechos de violencia ocurridos en el denominado “estallido social”.

Los congresistas señalaron que Winter “relativizó” los hechos delictivos de aquella fecha, afectando a quienes perdieron sus negocios y fuentes de trabajo.

En concreto, el frenteamplista señaló que, si bien “es terrible lo que vivieron” aquellos que fueron víctimas de quemas y saqueos, “respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal”.

La crítica de la oposición a Winter

Al respecto, Medina comentó que “son inaceptables los dichos del diputado y evidencian una vez más el espíritu que siempre ha tenido el Frente Amplio de validar este estallido delictual que tanto daño causó en el país”.

“Sus declaraciones no solo desvalorizan el sufrimiento de un grupo significativo de ciudadanos, sino que también contraviene el principio fundamental de respeto a la dignidad humana que debe guiar nuestra labor parlamentaria“, agregó.

En la misma línea, el diputado Arroyo sostuvo que “estos dichos demuestran la total indolencia con las víctimas de los hechos de violencia, que obligaron a muchos negocios e incluso algunos que llevaban años, a tener que cerrar sus puertas”.

“Se perdieron muchos puestos de trabajo y se generó un complejo momento económico para el país, por lo tanto querer justificar estos hechos es estar totalmente desconectado de la realidad”, sentenció.

Así, los parlamentarios buscan que se inicie un proceso de indagatoria en la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, por lo que pusieron a disposición de esta instancia una serie de antecedentes que respaldan esta solicitud.

El documento menciona que más de 11.500 empresas completaron el trámite de término de giro entre octubre y diciembre de 2019, informado formalmente por el Servicio de Impuestos Internos, sin considerar a toda la actividad informal que también se vio afectada.