La Contraloría General de la República publicó -en el Diario Oficial- una resolución en contra de más de mil trabajadoras y trabajadores públicos que no han declarado sus intereses y patrimonio.
En el documento del ente fiscalizador se detalla que “luego de una revisión administrativa, se verificó el incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley Sobre Probidad en la Función Pública, por parte de los sujetos obligados a declarar”.
Ante esto, en un listado con nombre y apellido, la contralora (s) Dorothy Pérez ordenó el “apercibimiento a todos los funcionarios públicos” para que regularicen su declaración de patrimonio e intereses.
En ese sentido, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, afirmó que la no inscripción se pude deber a dos motivos: problemas tecnológicos al momento de la declaración o la decisión del funcionario de no hacerlo.
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Todos aquellos funcionarios que aparecen en la lista tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar o rectificar sus respectivas declaraciones.
De no cumplir con lo requerido en el período señalado, el ente contralor efectuará la formulación de cargos en el marco del procedimiento sancionatorio que se instruya para tal efecto.