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Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca “suspender o disolver” a partidos políticos que realicen presiones indebidas o acosen a miembros del Poder Judicial, citando ejemplos como manifestaciones en apoyo al exalcalde Daniel Jadue. La propuesta, respaldada por legisladores como Camila Flores y Marcia Raphael, plantea sanciones que van desde la suspensión hasta la disolución de partidos que interfieran en procesos judiciales con violencia o intimidación. Se destaca que estas acciones, según el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, constituyen una afrenta al Poder Judicial y la independencia de los jueces, poniendo en riesgo la integridad del régimen democrático.

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Diputados de Renovación Nacional presentan un proyecto para “suspender o disolver” a partidos políticos que realicen presiones indebidas o acosen a miembros del Poder Judicial.

Los legisladores entregaron como ejemplo, las decenas de personas manifestándose con pancartas -en días consecutivos- en las afueras del complejo de la Fiscalía en calle Pedro Montt; otras tantas con posterioridad en las cercanías de Capitán Yáber en la misma calle; y hasta una manifestación frente al Palacio de Tribunales en Santiago Centro. Refiriéndose a algunas de las actividades que militantes y partidarios del PC llevaron adelante con motivo de la formalización y posterior prisión preventiva del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Estas acciones llevaron a los diputados de Renovación Nacional Camila Flores, Marcia Raphael, Andrés Celis, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Miguel Becker, Jorge Rathgeb y Diego Schalper, junto a la jefa y subjefe de bancada Ximena Ossandon y Hugo Rey, respectivamente, a presentar un proyecto de ley que modifica la ley N°18.603 orgánica constitucional de los Partidos Políticos.

Esta última plantea que “los partidos políticos deberán abstenerse de cualquier intromisión indebida o injustificada en procesos judiciales, manifestada en la forma de violencia, amenaza, represalia, intimidación o acoso a miembros del Poder Judicial; como consecuencia del desempeño de sus funciones jurisdiccionales”.

RN propone “suspender o disolver” partidos que presionen al Poder Judicial

La iniciativa presentada por los legisladores de RN establece que aquella colectividad que infrinja lo anterior, “será sancionado con la suspensión. Si aplicada la suspensión, el partido perseverare en la misma conducta, se le aplicará la sanción de disolución”.

Cabe señalar que todas las actividades que militantes, parlamentarios e incluso dirigentes del PC, llevaron adelante en su momento con ocasión de la formalización de Daniel Jadue, se sumó la última semana los contactos entre el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. En la ocasión, según reconoció el propio Carmona en una entrevista radial, reclamó por lo que considera “estricto” régimen de visitas que tiene Jadue.

En los fundamentos del proyecto se destaca que el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, calificó que las expresiones fuera del complejo de la Fiscalía, obedecían más a una característica de una “barra”, y que resultaba “una velada afrenta contra el Poder Judicial y los jueces”, según se lee.

“Régimen democrático”

Se añade que “el pluralismo y la libre crítica es un aspecto fundamental de todo régimen democrático”, pero que en este caso “el ejercicio abusivo de la libertad de expresión con el objeto de condicionar la independencia judicial (…) excede el ámbito de protección de esta garantía”.

También se destaca que los partidos están bajo una ley orgánica constitucional que regula las materias que les conciernen, como “su rol en la participación ciudadana, a sus registros y contabilidad y, en fin, a sus estatutos, en cuanto estos deberán garantizar una efectiva democracia”.

Pero que la libertad que se les entrega, “no alcanza actos que persigan exigir o amedrentar a la judicatura en relación a la resolución de un caso a favor de sus intereses políticos”, porque se exceden los fines propios de los partidos políticos “y se pone en riesgo la integridad del régimen democrático y el ejercicio libre de los derechos fundamentales”.