El jefe y subjefe de la Bancada de Diputados UDI, Gustavo Benavente y Henry Leal, respectivamente, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República por un millonario contrato del Ministerio de Justicia con una empresa ligada a un asesor de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Se trata del trato directo que realizó la cartera que encabeza Luis Cordero -por $619 millones- para contratar el desarrollo de una plataforma informática que permita gestionar los datos de las personas que están calificadas como “detenidas desaparecidas”, todo ello en el marco del Plan Nacional de Búsqueda que impulsó el Gobierno.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas hicieron referencia a un reportaje publicado por Ciper Chile, que dio cuenta de una contratación directa que realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos -en enero de este año- a la empresa Unholster, cuyo socio y actual director del área Data Science es Cristóbal Huneeus, quien a la vez es uno de los principales asesores técnicos que colabora con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en la tramitación de la reforma previsional.
En esa línea, los diputados Benavente y Leal no solo cuestionaron la relación directa que existe entre el socio de la empresa contratada y el Gobierno, sino que también solicitaron que la Contraloría pueda determinar si se justificaba realizar un trato directo y no una licitación.
Más aún considerando que distintos funcionarios del Ministerio de Justicia habrían advertido, antes de la contratación, que ya existían algunas plataformas informáticas y gratuitas que se ajustaban a lo que ellos requerían.
“Como Bancada UDI hemos decidido presentar todos estos antecedentes ante la Contraloría General de la República, para que sean ellos quienes determinen si se ajusta o no a derecho la contratación de esta empresa”, señalaron.
“Aquí no solo se le entregó un millonario contrato a una compañía que está ligada a uno de los principales asesores previsionales de la ministra Jara, sino que además se realizó de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”, fustigaron.
“Pero además, revisando los antecedentes, este negocio se habría llevado a cabo sabiendo que existían otros desarrollos similares que se ajustaban a lo que requería el Gobierno, y que por lo demás eran gratuitos. Por lo tanto, es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”, señalaron los parlamentarios.
Respecto al punto anterior, los diputados Benavente y Leal hicieron referencia a lo que señaló el mismo medio, que dio cuenta de que un analista del Programa de Derechos Humanos del ministerio informó, antes de firmar el contrato, que una universidad de Estados Unidos ya había desarrollado una plataforma de similares características. Además, dicha información fue puesta en conocimiento durante una reunión entre diversas autoridades y Unholster, sin que quedara registrada como lobby.
Asimismo, los legisladores cuestionaron al Gobierno por no licitar el millonario proyecto, sobre todo considerando que también hay otras empresas -nacionales e internacionales- especialistas en el área.
“Esperamos que la Contraloría pueda pronunciarse lo antes posible sobre este contrato, porque al menos los antecedentes que hemos conocido dan para levantar varias sospechas”, reiteraron los UDI.