Desde la oposición, específicamente desde la UDI, exigieron a las reparticiones abrir sumarios y enviar antecedentes a la Fiscalía por miles de funcionarios públicos que habrían accedido a licencias médicas falsas.
Lo anterior, tras una exhaustiva revisión de BBCL Investiga que reveló que profesionales del sistema público presentaron documentos extendidos por imputados que fraguaron el fraude de licencias médicas más grande registrado en Chile.
Recordemos que las entidades más perjudicadas son del área educación y salud. También decenas de municipios. Por ejemplo, Junji y Fundación Integra acumularon casi 200 mil licencias sólo en 2023.
UDI exige abrir sumarios por miles de funcionarios públicos que habrían accedido a licencias médicas falsas
Fue el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, junto al diputado Jorge Alessandri, quienes exigieron que todas las reparticiones públicas inicien -a la brevedad posible- un sumario administrativo.
Esto, para detectar si existen funcionarios que hayan accedido a alguna de las licencias médicas fraudulentas que fueron otorgadas por doce profesionales extranjeros.
A la vez, los diputados Benavente y Alessandri también solicitaron que la Contraloría General de la República se haga parte del caso, abriendo también una investigación en paralelo.
De esta forma, si se comprueba que hay funcionarios públicos que obtuvieron dichas licencias, los parlamentarios de la UDI exigieron que se deriven todos los antecedentes al Ministerio Público para que se ejerzan las acciones judiciales que correspondan.
“Es de absoluta gravedad y requiere que se adopten acciones inmediatas y urgentes. De acuerdo a estos antecedentes, serían miles de funcionarios públicos los que habrían obtenido licencias médicas falsas”, advirtieron.
Agregando que “creemos que el Gobierno, pero por sobre todo el presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no pueden quedarse de brazos cruzados, porque estamos hablando de trabajadores de su propia administración los que habrían contribuido a este fraude”.
Producto de lo anterior, ambos parlamentarios acordaron citar a la Cámara al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, considerando que el mayor número de casos estaría en reparticiones que dependen de su cartera.
Asimismo, Benavente y Alessandri anunciaron que oficiarán a la Contraloría, pidiendo que, además de iniciar sumarios, establezcan sanciones en caso de determinar responsabilidades.
“Es de esperar que el Gobierno no minimice esta grave situación y sancione como corresponde a todos los funcionarios públicos que habrían participado de este verdadero desfalco”, cerraron.
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