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El diputado Andrés Celis (RN) remitirá al Ministerio Público una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en las listas de espera del Hospital Regional de Antofagasta y el Hospital Regional de Talca. Celis advierte que estas acciones podrían acarrear responsabilidades penales debido a la gravedad de los hechos observados, donde funcionarios públicos habrían dictado resoluciones administrativas para eliminar injustamente a pacientes que llevaban años esperando intervenciones, llegando al extremo de inventar muertes y procedimientos inexistentes.

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El diputado Andrés Celis (RN) remitirá al Ministerio Público una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en las listas de espera del Hospital Regional de Antofagasta y el Hospital Regional de Talca.

Según Celis, estos hechos podrían derivar en responsabilidades penales, debido a la gravedad de las acciones observadas.

“Con la salud de las personas no se puede seguir jugando. Acá se han observado responsabilidades administrativas graves, de las cuales tengo fundadas sospechas que pueden derivar en responsabilidades penales”, señaló el diputado Celis.

Los antecedentes revelan que funcionarios públicos habrían dictado resoluciones administrativas para “eliminar injusta y arbitrariamente” a pacientes que llevaban años esperando una intervención. “Aquí se han inventado muertes y procedimientos que nunca existieron”, precisó.

Irregularidades en listas de espera

Dada la gravedad de la situación, Celis aseguró que estos hechos serán remitidos al Ministerio Público para que se investigue y se determinen eventuales responsabilidades penales. “Estos hechos los remitiré al Ministerio Público por la gravedad que revisten y por eventuales responsabilidades penales que puedan surgir de estos antecedentes”, manifestó.

Cabe destacar que el dictamen de la Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en las listas de espera de los hospitales de Antofagasta y Talca.

Además, reveló que funcionarios públicos habrían falsificado fallecimientos y procedimientos médicos, afectando a personas que llevaban años esperando una intervención. Estos actos fueron denunciados tras una auditoría que revisó los casos de más de 4.000 pacientes en ambos recintos hospitalarios.