El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha tenido un sin número de dolores de cabeza durante su administración: listas de espera, fundaciones, reforma previsional, seguridad, entre otros. Sin embargo, hay otro no menor que es el fracaso en sus candidaturas para la Corte Suprema.

Pues bien, este martes, mediante un comunicado oficial, el Ministro de Justicia, Luis Cordero anunció que el presidente Boric presentó al Senado -nuevamente- a sus candidatos y candidatos para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema.

Los nombres son conocidos. Una de ellas es Jessica González Troncoso, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien por muchos en el mundo jurista ha sido catalogada como “la favorita”, ya que ha integrado seis quinas destinadas a proveer cupos de ministro de la Corte Suprema.

Recordar que Jessica González fue quien revisó las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en medio de presiones por parte de figuras del oficialismo para que se modificara su prisión preventiva.

Otro nombre es el de Mireya López Miranda, también ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, candidata a ocupar la vacante creada tras la jubilación de Haroldo Brito, quien tras 50 años de carrera dejó su cargo a inicios de diciembre de 2023.

El otro nombre es Jorge Pizarro Astudillo, Ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, como postulante a ocupar la vacante originada en la Fiscalía de la Corte Suprema por la jubilación de Lya Cabello Abdala.

Pizarro Astudillo en octubre de 2023 fue incluido en la quina enviada desde la Corte Suprema al Ejecutivo al cargo de Fiscal, siendo el elegido del mandatario.

Ante esta nueva incursión del gobierno, el senador y presidente de la Comisión de Constitución y Justicia, Alfonso de Urresti (PS) señaló que, para evitar un nuevo fracaso, será necesario llegar a un consenso amplio.

Falta de consenso

Consenso es lo que le ha faltado al gobierno en nombramientos que requieren la venia del Senado. Recordar que tras la salida de Jorge Abbott en septiembre de 2022, recién en enero de 2023 se logró acuerdo y se designó a Ángel Valencia.

Otro caso es la Contraloría General de la República, que desde la salida de Jorge Bermúdez, en diciembre de 2023 se ha mantenido en interinato a cargo de la contralora (s) Dorothy Pérez, donde el gobierno aún no levanta nombres.

Precisamente, ante esto último, el senador de la UDI, José Durana, le pidió al gobierno repensar sus prioridades en cuanto a nombrar cargos.

Estas candidaturas, especialmente la de Jessica González, han sido un verdadero dolor de cabeza y que el gobierno nuevamente intentará llegar a acuerdos con el senado para poner sus nombres en el máximo tribunal del país.

Si bien han habido complicaciones en el camino, al menos en junio del año pasado, González Troncoso pasó el filtro de la Comisión de Constitución del Senado, donde fue aprobado su nombramiento por cuatro votos contra uno.

Sin embargo, al mes siguiente el presidente Boric retiró a Jessica González del camino a la Suprema, donde en esa oportunidad el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló a La Radio que “la decisión del Ejecutivo es estrictamente para ordenar el debate del orden de los nombramientos”.

¿Por qué ha sido tan difícil para el gobierno estas designaciones?

Consultamos a algunos expertos, quienes apuntan a una necesaria modificación de los plazos en el proceso, evitando así extender la discusión.

Al respecto, Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el sistema falla en su diseño ante la falta de incentivos para apurar los nombramientos, permitiendo extender la mesa negociadora a otras instancias como lo es la Contraloría o la Defensoría de la Niñez.

Por otro lado, Francisco Narváez Gallo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, considera que más allá de la “mala suerte” que ha tenido el gobierno, esta vez algunos nombres podrían llegar a buen puerto.

Jessica González, Mireya López y Jorge Pizarro, los nombres que esta vez pone el gobierno ante el Senado para solicitar su respaldo y así buscar instalarlos en la Corte Suprema, que por ahora, no ha tenido éxito.