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La población penal en Chile ha alcanzado los 58 mil internos, superando las 42 mil plazas disponibles en el sistema carcelario nacional. Se proyecta un aumento significativo de reclusos debido a la Ley de Reincidencia, parte del fast track de seguridad, que pronto entrará en vigor. El ministro de Justicia, Luis Cordero, advierte sobre una crisis de sobrepoblación penal y el Gobierno contempla ampliar el fast track penal para acelerar la construcción de cárceles, buscando aumentar en 12 mil las plazas disponibles. Diputados y senadores plantean la necesidad de acuerdos nacionales para la ubicación de nuevos penales, mientras se avanza en la instalación de una cárcel de Alta Seguridad en Santiago 1, aunque el presidente Gabriel Boric está dispuesto a reconsiderar su ubicación debido al rechazo municipal.

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58 mil internos alcanza la población penal en el país, sobrepasando las casi 42 mil plazas disponibles que posee el sistema carcelario a nivel nacional.

Sin embargo, según las autoridades, la cantidad de personas privadas de libertad podría aumentar significativamente. Esto, a raíz de la implementación de la Ley de Reincidencia.

Recordemos que se trata de una iniciativa que formó parte del fast track en materia de seguridad y se espera que comience a regir en las próximas semanas.

Si bien su aprobación significó un hito del Gobierno en materia de seguridad, su entrada en vigencia deja al descubierto otro flanco: la disponibilidad de plazas penitenciarias.

Así lo indicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien advirtió que estamos cerca de una crisis estructural de sobrepoblación penal.

“Si no tomamos decisiones pronto, en materia de ampliación y extensión de plazas penitenciarias, estamos cerca de una crisis bien estructural de sobrepoblación”, dijo el secretario de Estado.

De todas formas, en el Gobierno ya barajan opciones para enfrentar esta problemática. Una de estas la extensión del denominado “fast track penal” para acelerar la tramitación previa de construcción de cárceles.

Junto con eso, según constató el ministro Cordero, en el Ejecutivo ya no trabajan sólo para la construcción de un solo penal, “sino que para todas las ampliaciones y penales nuevos” con lo que se buscaría aumentar en 12 mil las plazas disponibles, considerando nuevos recintos de máxima seguridad en Talca, Copiapó y Calama.

Si bien el plan del Ejecutivo va en línea con el interés del Congreso, de todas formas, el diputado UDI e integrante de la comisión de Constitución y Justicia, Jorge Alessandri, planteó que se debe aspirar a construir una nueva cárcel de máxima seguridad por región.

El senador PPD de la misma comisión, pero en el Senado, Pedro Araya, indicó que es necesario un gran acuerdo nacional en la materia que considere a las autoridades de los lugares donde se emplazaran los nuevos recintos.

En cuanto a la ampliación de penal Santiago 1 para instalar una nueva cárcel de Alta Seguridad, en el Ministerio de Justicia aseguran que siguen avanzando las tratativas.

Esto, pese a que el presidente Gabriel Boric aseguró estar abierto a evaluar su locación ante el rechazo que provocó la idea en el municipio de Santiago.