La Bancada de diputados RN acusó un verdadero lanzamiento de campaña de la alcaldesa -y candidata a la reelección- Irací Hassler, junto a las ministras de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de las Culturas, Carolina Arredondo.
Se trató de una actividad realizada el pasado miércoles, en pleno horario laboral, en el ex asilo Hermanitas de los Pobres, renombrado ahora como Michelle Bachelet Jeria.
Al respecto, la bancada de diputados de Renovación Nacional liderada por Ximena Ossandón -jefa- y Hugo Rey -subjefe-, además de la diputada por el distrito, María Luisa Cordero, ingresaron un requerimiento a la Contraloría General de la República.
En el requerimiento dirigido a la contralora (s) Dorothy Pérez, se pide expresamente que se “fiscalice el actuar de las Ministras de Estado Sra. Javiera Toro Cáceres, Ministra de Desarrollo Social y Familia, y Sra. Carolina Arredondo Marzán, Ministra de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, así como de los demás funcionarios de Gobierno involucrados”.
Lo anterior, acusando que las autoridades “habrían participado, en horario laboral, en un acto de connotación política o de campaña encabezado por la Srta. Irací Hassler Jacob, actual alcaldesa de Santiago y candidata a la reelección”.
Se detalla que además de las secretarias de Estado participaron subsecretarios, lo que quedó registrado en la página web del municipio de Santiago con más de una decena de fotografías.
RN acusa “acto de campaña” de Hassler junto a ministras Toro y Arredondo
A juicio de los parlamentarios de Renovación Nacional, lo sucedido contraviene los principios de probidad administrativa, apoliticidad y prescindencia política.
Por lo mismo, piden que se instruyan “procedimientos administrativos y sanciones que fueren procedentes”.
En el caso del principio de Probidad, se aclara que este se estaría contraviniendo por la afinidad de Hassler con el Gobierno, “siendo ella afiliada a un partido de la coalición oficialista, lo que supone además una indebida utilización de recursos fiscales que son destinados para el traslado o seguridad de las autoridades que concurren”.
Se suma que la presencia de las autoridades “tuvo únicamente por objeto apoyar la reelección de la alcaldesa Hassler y de paso, potenciar el rol que la expresidenta Bachelet ya ha transparentado como promotora de las candidaturas municipales del oficialismo”.
Y se recuerda que la CGR ha señalado en dictámenes que “los cargos públicos que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas”.
Asimismo, se recuerda que la CGR emitió un instructivo donde “prohíbe expresamente el uso de recursos, vehículos o recursos físicos y financieros en actividades políticas, lo que es una exigencia continua respecto de todos los funcionarios de la Administración”. Lo anterior se habría transgredido con el acto del 7 de agosto en que participaron las ministras Toro y Arredondo.
Aclara el requerimiento que el ente contralor ante la infracción a la probidad, “puede y debe iniciar un procedimiento destinado a determinar responsabilidades, incluso de ministros de Estado” y que las medidas disciplinarias “corresponderá a la autoridad competente, y en ese orden pareciera que más allá de las facultades que tiene el Presidente de la República para diseñar su gabinete, es el Congreso el llamado a determinar la responsabilidad política por medio de una acusación constitucional”.
Finalmente, el documento se especifica que el ente contralor imparta “instrucciones a las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, en orden a que estos no pueden asumir en el ejercicio de la función pública una posición respecto de las candidaturas que serán sometidas al escrutinio en los comicios de octubre próximo”. Esto, porque “como nunca antes en nuestra historia reciente se ha hecho ejercicio abusivo de la función pública con fines electorales”.
