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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar el uso del 2% constitucional para combatir el crimen organizado en Chile, respaldado por 104 votos a favor, siendo una iniciativa presentada por el diputado Raúl Soto (PPD). La petición, dirigida al presidente Gabriel Boric, busca destinar 1.800 millones de dólares para fortalecer la seguridad pública, adquirir equipamiento especializado y profesionalizar a las fuerzas policiales. El diputado Soto advierte sobre la grave crisis de seguridad en el país y la urgencia de actuar con firmeza para evitar un escenario similar al de otras naciones latinoamericanas. La solicitud cuenta con el apoyo de diversos diputados de centro-izquierda.

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Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó solicitar que se utilice el 2% constitucional para combatir el crimen organizado en territorio nacional.

La iniciativa contó con un respaldo de 104 votos a favor. Se trata de una solicitud de Resolución presentada desde el oficialismo, específicamente por el diputado Raúl Soto (PPD).

En lo aprobado se pide al presidente de la República, Gabriel Boric, utilizar el 2% Constitucional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

De esta manera, permitiría incrementar la inversión pública en seguridad en un 1.800 millones de dólares. Esto, con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de las policías, el Ministerio Público y otras instituciones.

Además, propone que estos recursos se utilicen para adquirir equipos de protección personal, autos blindados, tecnología, armamento e inteligencia, así como para la preparación y profesionalización de las policías y el fortalecimiento de los departamentos de seguridad ciudadana de los municipios.

“Estamos ante la crisis de seguridad más grave de la historia de nuestro país y necesitamos enfrentarla con todas las capacidades y con todos los recursos del Estado. Momentos de crisis, momentos excepcionales, requieren medidas excepcionales y urgentes”, señaló el diputado Soto.

Agregando que así se puede “evitar que Chile siga el mismo camino que han seguido otros países del continente como Ecuador, México, Colombia y Paraguay (…) no queremos eso para Chile, y para evitarlo hay que actuar con firmeza y mano dura”.

La solicitud fue además firmada por los diputados(as) de centro-izquierda, Héctor Ulloa (IND- PPD), Camila Musante (IND- PPD), Carlos Bianchi (IND-PPD), Danissa Astudillo (PS), Marcos Ilabaca (PS), Eric Aedo (DC), Felipe Camaño (IND-DC), Tomás Lagomarsino (PR) y Rubén Oyarzo (IND).