Expertos abordaron las posibles sanciones que podrían recibir gendarmes de la cárcel de Rancagua tras el sumario por posibles beneficios carcelarios a Eduardo Macaya Zentilli.
Cabe recordar que el empresario de 72 años, padre del senador Javier Macaya (UDI), fue condenado a 6 años de cárcel efectiva tras ser declarado culpable de dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.
Además, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras la sentencia no estuviera ejecutoriada. Si bien Macaya alcanzó a estar sólo tres días en esta condición, habría recibido un trato preferencial por parte de los carceleros.
En concreto, el condenado habría sido ingresado a la enfermería del recinto en una sala destinada a mujeres, en lugar de ser conducido a celdas de aislamiento o módulos de baja peligrosidad.
El Ministerio Público abrió una causa y Gendarmería dio inicio a un sumario para “establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
En ese contexto, personal del OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, y de otros involucrados.
Posibles sanciones a gendarmes por trato a Macaya
El exfiscal Carlos Gajardo explicó que la investigación del Ministerio Público es para determinar la posible existencia de un delito, como el cohecho o el tráfico de influencias, para que el implicado recibiera un trato especial por parte de los funcionarios.
“En eso, la incautación de los teléfonos celulares es una herramienta importante para establecer si existió o no un delito”, señaló.
En ese sentido, la también exfiscal Marisa Navarrete sostuvo que, si bien es muy pronto para establecer exactamente lo sucedido, los funcionarios y el padre del senador Macaya podrían enfrentar cargos.
“Las sanciones penales podrían ser por algún tipo de cohecho, por haber obtenido algún beneficio económico, y por haber infringido la normativa interna de la cárcel. En el caso de la persona en particular (Macaya Zentilli), las penas son más bajas siempre, pero podría ser castigado por un delito de soborno”, señaló.
Por su parte, Cristián Riego, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, sostuvo que “las penas en estos casos, por tráfico de influencias, son de 3 a 10 años para los funcionarios públicos”.
“Es un margen bastante amplio, pero hay otras penas accesorias como inhabilitación y multas”, agregó el experto.
La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron en su momento la prisión preventiva contra Eduardo Macaya, cambiando esta medida cautelar por arresto domiciliario.
Según fuentes de Radio Bío Bío, la Corte Suprema podría solicitar este lunes un informe a los ministros del tribunal para conocer los argumentos por los determinaron aquello.