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El diputado Álvaro Carter presentó un proyecto de ley que busca redirigir los bienes y dinero decomisados del narcotráfico hacia un fondo especial para fortalecer a Carabineros y la PDI en la lucha contra el crimen organizado. Parte de estos recursos se destinarían al Fisco y a programas de prevención y rehabilitación de drogas. La iniciativa, respaldada por varios parlamentarios de oposición, forma parte de una serie de propuestas para frenar el avance del narcotráfico en el país, incluyendo medidas para establecer requisitos en candidaturas y prohibir el ingreso de abogados vinculados al narcotráfico al Estado. El objetivo es contrarrestar el avance del narcotráfico que amenaza la seguridad nacional, según explicó el diputado.

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Como una forma de contribuir en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, el diputado Álvaro Carter presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 46 de la Ley 20.000 para redestinar los bienes y el dinero decomisados de los crímenes de drogas.

La iniciativa establece que el producto de estos comisos ingresará a un fondo especial, cuyo objetivo principal será fortalecer a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Todo esto con el objeto de convertirse en un activo “para la desarticulación y combate del narcotráfico y el crimen organizado”.

Asimismo, plantea que una parte sea destinada al Fisco y otra a la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

Crimen organizado

“Nuestro objetivo es que los mismos recursos que hoy permiten al narco expandir su imperio en nuestros barrios, se puedan utilizar en su contra de manera eficaz y concreta. El aporte de estos dineros no sólo es una inyección de presupuesto a nuestras policías, sino también de moral, para que sepan que todo el país valora la extenuante lucha que están librando contra estos delincuentes”, explicó el diputado.

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La moción, que cuenta con el respaldo de distintos parlamentarios de oposición, es parte de una batería legislativa impulsada por Carter para frenar el avance del poderío del narco en el país, en la que destacan proyectos para establecer requisitos para inscribir candidaturas y causales de cesación en el cargo, relacionados con el consumo de drogas y vínculos con el narcotráfico, y el proyecto que prohíbe el ingreso de abogados narco a la administración del Estado.

“Estamos años atrasados en calibrar la gravedad que significa el avance del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. Tenemos que establecerlo como la principal prioridad nacional, porque su expansión acabará contaminando nuestros barrios, nuestras escuelas e incluso los poderes del Estado, y cuando eso ocurra ya no habrá nada más que hacer”, sentenció el parlamentario.