VER RESUMEN

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Comisión de Gobierno Interior aprobó una indicación para priorizar a los nacionales sobre los extranjeros en materia de educación, dentro de nuevas normas de migración propuestas por los diputados de Renovación Nacional, UDI y Demócratas. La iniciativa garantiza el acceso a la educación para extranjeros menores en Chile en igualdad de condiciones, pero permitiendo priorizar a los chilenos.

Desarrollado por BioBioChile

La Comisión de Gobierno Interior, que se encuentra tramitando normas en materia de migración, aprobó una indicación que busca priorizar a los nacionales por sobre los extranjeros, en materia de educación.

Esto fue impulsado por los diputados de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker y Bernardo Berger, además de Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Rubén Oyarzo y Joanna Pérez (Demócratas).

La iniciativa, que formará parte de una serie de normas que incorporan causales para prohibir el ingreso de migrantes y ampliar las de expulsión, detalla en su apartado sobre el acceso a la educación, que “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales”.

“Priorizando el derecho de los nacionales”

Al respecto, el diputado Becker señaló que “con nuestra indicación, hemos incorporado en la ley de migración que el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación para todos, pero priorizando el derecho de los nacionales, cuestión que hasta ahora ha sido al revés”.

“En este sentido, invitamos al gobierno a decir las cosas como son porque el gobierno, a través del Servicio de Migraciones, ha reconocido la existencia de estas ventajas de los extranjeros cuando están en similares condiciones que los chilenos, pero no han propuesto nada para acabarlo”, añadió el parlamentario.

Por su parte, el diputado Berger señaló que “ingresamos una indicación para eliminar aquellas ventajas que puedan existir en el sistema y que priorizan a los extranjeros por sobre los nacionales, sobre todo en materia de salud y educación”.

“Esta cuestión ha sido reclamada por muchos compatriotas y por ello, decidimos explicitar una preferencia en materia de educación para nuestros nacionales, porque creemos firmemente que si los recursos del Estado son limitados, estos deberían beneficiar principalmente a quienes han contribuido directa e indirectamente al crecimiento y sostenimiento de nuestra nación”, precisó el congresista.

Sin embargo, el parlamentario aclaró que “esto no excluye a los extranjeros, pero sí asegura que los nacionales, quienes tienen un vínculo más profundo con el país, sean atendidos en primer lugar”.

Acceso a la Educación

Según el Artículo 17, sobre Acceso a la Educación, “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales. Tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales. El requisito de residencia establecido en el inciso segundo del artículo 167 no será exigido a los solicitantes de los beneficios de seguridad social financiados en su totalidad con recursos fiscales, que impliquen transferencias monetarias directas referidas a becas o bonos para estudiantes de educación básica y media. Existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja o priorización con respecto a los nacionales”.

“Tratándose de extranjeros en condición migratoria irregular, los establecimientos de educación respectivos deberán requerir el enrolamiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la presente ley”, sostiene.

Luis Thayer, director del Sermig, dijo que “para el Servicio Nacional de Migraciones, lo central es que el Estado no puede renunciar a dar cumplimiento a la Constitución en el sentido de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a todos los habitantes del país, más aún si estamos hablando de niñas, niños y adolescentes”.

Recalcando que “establecer una priorización implica asumir que va a haber niños, niñas y adolescentes que en vez de estar en el sistema educacional van a estar en la calle, expuestos a la vulneración de sus derechos”.